Resistencia cañera y Laudo Alvear en Tucumán

Resistencia cañera y Laudo Alvear en el  epicentro tucumano (1926-1928)[1]

Pedro García Posse, C.E.H.R.-U.N.L.P.

“Al entrar la noche el silbato del Ingenio anunció la renovación de los turnos. En la plenitud de la zafra la fábrica trabajaba sin descanso.” Mario Bravo, En el surco, Editorial La Vanguardia, Bs. As., 1929, p. 161.

I. Introducción

El objetivo central de este trabajo es reconstruir el proceso histórico para resolver la crisis permanente en la agroindustria azucarera tucumana con proyecciones regionales y nacionales. Anclada en los conflictos entre cañeros independientes e industriales, este proceso cobra especial relieve en la segunda mitad del decenio de 1920. Esa lucha derivó en una parálisis cañero-industrial total en 1927, luego de la superproducción cañera de 1926 desembocando en la intervención del Presidente de la Nación Marcelo T. de Alvear (1927-1928), y generando la creación de una Cámara Gremial provincial de carácter corporativo.  Es interés de este estudio develar los aportes de los distintos actores sociales: técnicos, “agrarios” tucumanos, Federación Agraria Argentina, industriales y políticos, para efectuar el diagnóstico y desarrollar la construcción de soluciones, incorporando al Estado como un activo actor social.

Es importante además explicar la pérdida de centralidad del Congreso Nacional,   soslayado por los mecanismos de concertación corporativa, así como la atención del Estado provincial para intentar resolver la problemática azucarera.  

Existe una amplia y variada bibliografía sobre la problemática azucarera argentina,y sobre la tucumana en particular; pero específicamente respecto al Laudo Alvear y los mecanismos de concertación entre los sectores azucareros, los trabajos no son numerosos. Uno de los primeros estudios es el de W. C. Cross (1928) que analiza el conflicto fabril-cañero, junto a la clásica tesis de Antonio Micele (1935) que examina al detalle el Laudo Alvear; pasando por los imprescindibles aportes de Emilio J. Schleh (1930), y los artículos sobre la década del ’20 en la Revista Azucarera (luego de 1924 con el nombre de La Industria Azucarera), principalmente para el período 1925-1930. A ellos se suman las opiniones del periódico La Tierra de la Federación Agraria Argentina (1926-1928).

Entre los estudios más recientes: sobre el conflicto cañero-industrial (1926-27) se destacan: Ossuna (1982), Greenberg (1995) y Pedro García Posse (2003); los análisis del Laudo Alvear y de los costos agroindustriales los trata Santamaría (1986); y la valiosa y documentada biografía del “agrario” José Ignacio Aráoz está escrita por María Florencia Aráoz (2001). La década de 1920 ha merecido trabajos como los de Santamaría (1986), Girbal-Blacha (1991); las cuestiones políticas y económicas la estudiaron recientemente, M C. Bravo (1993) y Bravo-Kindgard-Campi (2002) centrándose en la “justicia distributiva”.  Sobre la temática que  ocupa a este trabajo: el intento de crear un bloque defensivo de gobernadores del N.O.A. como respuesta regional frente al gobierno central, ha sido abordado por Noemí M. Girbal-Blacha (1994); y principalmente, por María Celia Bravo en su tesis doctoral inédita del año 2000, (capítulos VIII y IX), cuando se refiere a la constitución de mecanismos de concertación corporativos. Se suman a estos aportes la valiosa biografía sobre José G. Sortheix (1873-1954) de Estela Romero (2004), donde se precisan aproximaciones interesantes sobre este perfil de la cuestión azucarera.[2]  

II. Tensión cañera y superproducción

La crisis de superproducción argentina de 1925, que alcanzó 395.733 toneladas de azúcar[3], golpeó con mayor fuerza a la industria azucarera tucumana (310.081 Tns.)[4], debido a que superó con largueza la “condición” del consumo interno que había sido fijada en 330.000 toneladas. Esta cuestión se trasladó al Congreso Nacional donde sectores vinculados a los ingenios, propiciaron  la formación de una “comisión senatorial” para estudiar los procedimientos  capaces de proteger al “azúcar nacional” frente a la llegada del azúcar “barato”.[5] (Diario de Sesiones, Cámara de Senadores, 22 de septiembre de 1925, tomo II, pp. 384-394) La crisis también se instaló en  la asociación que nucleaba a los cañeros independientes, comandada por los grandes plantadores, que si bien realizaban gestiones en el Congreso y ante otros poderes públicos, se alineaban siempre con los industriales, como ocurriera en la huelga de 1923; o en posiciones económicas que los acercaban más a lo sostenido por el Centro Azucarero, cuando no operaban por rechazar toda confrontación directa con los ingenios.[6]

Por esta razón los pequeños y medianos cañeros se separaron del Centro de Cañeros Independientes, vaciándolo y conformando una nueva agrupación, con otros objetivos. Los grandes cañeros estaban relacionados por vínculos de parentesco o amistad con la élite industrial, y tanto los conservadores como los radicales antipersonalistas poseían ingenios. El asunto central en esta desigual representación cañera, era que a mayor extensión de la finca cañera, mayor era el poder de negociación con los ingenios, mientras que los que menos tenían quedaban sujetos a la voluntad del “señor” del ingenio. Lo muestra la posición en su visita a Rosario, del Ing. Remigio Rueda, miembro del Centro Cañero de Tucumán, donde manifiesta: “... deseos de vincularse con la Federación Agraria   en  forma más estrecha y gremial”.[7] Esta apertura gremial permitió que se involucrara ese amplio sector cañero –no olvidemos que el 89 % eran pequeños cañeros-, con una organización del litoral pampeano creada a partir del “Grito de Alcorta” (Santa Fe) en 1912 y que poseía otros horizontes.[8] Esta alianza gremial con una entidad extrarregional, dio nuevo ímpetu a los cañeros tucumanos, que fundaron 26 seccionales, y en una asamblea realizada el 30 de diciembre de 1926, aprobaron la incorporación a la Federación Agraria Argentina (F.A.A.); mientras criticaban al Ministro de Agricultura de la Nación, por su indiferencia ante el conflicto entre cañeros e industriales.[9]

Esta nueva alianza, se vio reflejada en las páginas del periódico de la F.A.A. La Tierra. Se describían allí  situaciones por las que atravesaban los tucumanos: “Por tierras tucumanas. Gesto de leona – Habíamos llegado a la estación de Aguilares, para esperar el tren carreta del F.C.N.O.A. . A lo largo de la vía se notaba la presencia de los mil peatones que esperaban la llegada de los miembros de la delegación cañera para asistir al mitin de protesta contra los ingenios. (...) Sentados en los bancos, había de todo. Hombres, ancianos, mujeres y niños. Me acerco a una humilde mujer y le pregunto ... ‘Me alegra mucho que esa sociedad (F.A.A.) se interese por los pobres cañeros. Soy madre de 7 hijos, quienes todos trabajaban y que no pueden tener un hogar donde haya el pan seguro por lo menos. ... Yó, con 60 años encima todavía tengo que lavar la ropa para sostenerme. Todos mis hijos trabajan en el ingenio.’ Una mujer joven con su pequeño hijo se queja de que su marido gana muy poco en el ingenio Aguilares de Padrós, y que si pide aumento lo echan. Y agrega finalmente: ‘También seremos leonas, señor, cuando sea necesario’ ” [10]

La crisis, también generó propuestas por parte de los empresarios, tales como seguir el “modelo cubano” de limitación productiva (Centro Azucarero Nacional, desde ahora C.A.N.)[11] y desde el sector liderado por Alfredo Guzmán (Centro Azucarero Regional de Tucumán: C.A.R.T.), se insistió en la suba de tarifas aduaneras para impedir que el exceso mundial de azúcar se volcara en la Argentina. Todos los actores se preocupaban por estos tiempos difíciles. El propio gobernador de Tucumán, el radical antipersonalista Miguel Campero, propuso una proyecto que se convirtió en ley el 13 de enero de 1926, por el cual se devolvía impuestos ya recaudados con ciertas condiciones hasta beneficiar a los pequeños cañeros; y como reflejo de la realidad, expresaba en su mensaje al Senado del 12 de mayo de 1926 que  “ La superproducción mundial del azúcar ha producido una seria perturbación en el mercado azucarero (argentino), con la consiguiente baja de precios de los azúcares y (...) de la materia prima, comprometiendo la suerte del agricultor cañero que ha visto liquidada su producción a un precio ínfimo.”[12] 

La depresión llegó y obligó a los gobernadores del Noroeste Argentino (N.O.A.) a reunirse para armar un bloque regional que defendiera la producción azucarera. La primera reunión se desarrolló en Salta, en junio de 1926, y su promotor fue el gobernador de Jujuy ex radical y profundo antiyrigoyenista Benjamín Villafañe.[13] La segunda conferencia, se llevó a cabo el 6 de abril de 1927, señala la inasistencia del gobernador Campero. El asesor técnico fue Alejandro Bunge, quien sumó antiguos anhelos regionales, enfrascados en una lucha política antiyrigoyenista,  insistiendo en demandas que sus representantes en el Congreso Nacional realizaban continuamente, buscando favorecer una mayor protección para la producción azucarera.[14]

III. Movilización y resistencia cañera en 1927

En 1927 irrumpen en la escena política los “cañeros independientes”, organizados como Centro Cañero dentro de la F.A.A. . El calificativo de “independientes”  refería a su calidad de propietarios, que alcanzaba a unos 3.459 “propietarios”.[15] Pero esos cañeros “dependen” de los ingenios, porque no procesaban la materia prima, y deben mantener relaciones comerciales directas con las fábricas. Otros  factores que aumentaban esa dependencia como: “adelantos de cosecha”, distancia de las fábricas para acarrear la caña recién cortada, provisión de transporte, etc. . Estas condiciones los hacía frágiles, y la voluntad del industrial para prescindir de comprarles caña los condenaba a la miseria; así ocurrió en 1927.  La situación cambiaba radicalmente en época de subproducción, y esa era su época de bonanza, porque los ingenios se disputaban por comprarles su caña.[16]

 En enero de 1927, se inicia el conflicto cañero-industrial por el precio de la materia prima, pero en otro marco histórico. El Presidente Alvear se negaba a intervenir directamente en la cuestión azucarera, pero los técnicos del Ministerio de Agricultura (M.A.N.) fueron a estudiar esa problemática emitiendo opiniones calificadas. El Ing. Agrónomo Pedro Marotta, Director de los laboratorios químicos del M.A.N. pidió la “ intervención estatal” para controlar todo: desde básculas, hasta las transacciones comerciales entre cañeros independientes y fabricantes, para contrarrestar los “abusos” de los ingenios. La réplica empresaria fue considerar al Estado federal como violador de “sus” derechos constitucionales.[17]  Ante los pedidos cañeros de mejorar el precio de la caña, respondieron negativamente y les adjudicaron a éstos la responsabilidad de la crisis productiva, por aumentar la superficie cultivada. Pero los industriales omitían una parte de la realidad: que ellos eran socios en la expansión de los cañaverales en las tierras de ingenios (colonias).  Finalmente el C.A.R.T. proponía una solución de exclusión productiva, consistente en que los cañeros independientes plantaran menos caña hasta salir del circuito azucarero, e intentaran dedicarse a otros cultivos.

El gobernador Campero apoyó activamente la creación de ingenios cooperativos a través de proyectos en la Legislatura y financiados por los bancos estatales provinciales. Por  la ley provincial del 9 de marzo de 1927, la Caja Popular de Ahorros apoyó financieramente la creación de un ingenio cooperativo en Monteros para moler la caña de los cañeros independientes; pero la medida resultaba insuficiente por el  marco de superproducción y solo estaban proyectados dos ingenios cooperativos que molerían la caña de los cañeros independientes en los departamentos de Monteros y Río Chico, contra los 27 ingenios restantes que tenían hasta esos momentos contratados a los grandes cañeros y el resto de la caña se la proveerían de su propias fincas.

La situación se estancó por la oposición de los ingenios, quienes no querían aumentar el valor de compra de la caña a los cañeros; ante esta negativa, los cañeros independientes nucleados ahora en la F.A.A., realizaron un boicot a los ingenios y no entregaron las carradas de caña.

El 17 de mayo, ante el estancamiento en las negociaciones, 23 seccionales de la F.A.A., a causa de las “desastrosas liquidaciones a agricultores-cañeros de la provincia”, resolvieron declarar la huelga por tiempo indeterminado.

La huelga de los cañeros, sumaba un conjunto de reivindicaciones socioeconómicas, comerciales, y técnicas de vieja data. En los mitines cañeros estuvo presente el Dr. Rodolfo Medina, Subdirector de Industria y Comercio del M. A. N. (en la plaza Independencia frente a la Casa de Gobierno). En su informe (conocido como Informe Medina) se destacaba que la proporción de pequeños cañeros alcanzaba al 89 % de los cultivadores (productores), sobreviviendo una parte importante a nivel de parvifundio, junto a condiciones de vivienda, higiene, aguas de pozo contaminadas, y salud deplorables, que incluía una alta mortalidad infantil, sin olvidar los problemas de seguridad que tenían los trabajadores de los ingenios.

La realidad demostró que la huelga cañera de 1927, no era un hecho “artificial”, “inventado” por la F.A.A., como lo repetía el sector industrial. Las acciones desplegadas por el Centro Azucarero Nacional (C.A.N.) junto a su brazo tucumano C.A.R.T., fracasaron frente a la inteligente estrategia de los cañeros de la F.A.A., que no dudó en nacionalizar el conflicto cañero, implementando modalidades de lucha coordinadas y efectivas contra los ingenios. La planificación del movimiento de protesta social se caracterizó por un boicot total a las fábricas: no entrega de caña, ataque a convoyes y carretas, acciones contra los ingenios, que llevó a que los ingenios decidieran detener la molienda.[18]

La ausencia de molienda de la caña, perjudicaba a ambos actores sociales, es por ello, que luego de idas y vueltas, la F.A.A  y el C.A.R.T., le solicitaron al Presidente Alvear su intervención como árbitro. A partir de ese momento, se construye un modelo de Estado regulador que iba a actuar en forma permanente y en todas las fases de la industria, estableciendo un estatuto azucarero. Sin dudas un precedente del intervencionismo estatal de la década del ’30.[19]

IV. Los colaboradores del Laudo arbitral (1927-1928)

La intervención del Presidente de la Nación Alvear[20] como árbitro, fue trascendental para las relaciones entre los actores azucareros, porque creó un mecanismo que permaneció  vigente por más de tres décadas. La construcción de este “estatuto azucarero” fue compleja, y participaron hombres que desde distintos escenarios, realizaron su aporte.

El papel central fue desarrollado por Rodolfo Medina, nombrado “secretario del árbitro”, quien a través de reuniones con técnicos, industriales y políticos, además de los informes de tres comisionados técnicos que viajaron al exterior, armando ese rompecabezas que se conoce como Laudo Alvear.[21] Él es el redactor, o como él mismo se califica “relator” del laudo arbitral, “ (...) que recibió  instrucciones para que efectuara una investigación personal, auxiliado por los miembros de la Junta de Delegados, en toda la zona azucarera argentina y especialmente en la provincia de Tucumán,” y consultar a personas calificadas, como William Cross,[22] Director de la Estación Experimental Agrícola de Tucumán (E.E.A.T.), a quien se le reconoce una labor excepcional al frente de este organismo técnico, y que entre  sus múltiples actividades salvó a la industria azucarera tucumana de la plaga del mosaico importando y aclimatando las variedades de caña javanesa, y  asesorando a los productores de caña para su recultivo.[23]   La tarea de Medina no fue sencilla, porque además de analizar los extensos cuestionarios que entregó a industriales y técnicos, tuvo que evaluar los alegatos de los industriales y cañeros, para concluir el trabajo encomendado por el árbitro. Estando presente desde que comenzó el conflicto, (pues había viajado a Tucumán, enviado por el Ministro de Agricultura Enrique Mihura), siendo un testigo nacional privilegiado y que asistió a los mitines cañeros. Producto de sus observaciones fue la redacción de un valioso informe de su autoría.[24]

La centralidad de la redacción del laudo, fue conducida por los técnicos del M.A.N., siendo enviados técnicos a los principales países azucareros, para que estudiaran la cuestión[25]. Además del Dr. Medina, subsecretario de Comercio e Industria, estaba el director de esa repartición el Ing. Agrónomo Pedro Marotta, quien se convirtió en amigo de Cross y posteriormente fue decano de la Facultad de Veterinaria de la U.B.A. . Otro técnico muy importante fue el Ing. Agrónomo Carlos Aubone, Director de Laboratorios Químicos, y autor del proyecto de Cámaras Gremiales, que los legisladores tucumanos apoyaron y que se convirtió en ley, creándose la Cámara Gremial de Productores del Azúcar (C.G.P.A.), con amplias facultades para intervenir en la cuestión azucarera y resolver los conflictos entre cañeros e industriales.[26] Entre los antecedentes europeos de la Cámara Gremial, se encuentra, el caso italiano que permitió  que los socialistas crearan para las comunas de Emilia, “ (...) algunas Cámaras del trabajo ... fijaban tanto los precios como los salarios y las condiciones de trabajo y distribuían los productos agrícolas a través de cooperativas que controlaban.”[27] Y en el país, existieron antecedentes de “ ... Comisiones Arbitrales como mecanismos de concertación habían sido utilizadas en 1919 durante el conflicto entre colonos y terratenientes de Santa Fe pero no constituyeron  nunca una institución como la Cámara Arbitral de Tucumán.” [28]

El sector industrial como ocurría con los cañeros no era un bloque homogéneo; una muestra son los acuerdos particulares que intentaba la Compañía Azucarera Tucumana (C.A.T., los cinco ingenios del grupo Tornquist: Lastenia, La Florida, Nueva Baviera, San Andrés y La Trinidad), cuando los que llevaban la conducción del C.A.R.T. era el grupo tucumano liderado por Alfredo Guzmán, Presidente del Centro Regional, representado a nivel nacional por Ambrosio Nougués, Presidente del Centro Azucarero desde 1923. Los industriales tucumanos que estuvieron presentes en la discusión del laudo definitivo, fueron el Ing. José Padilla,[29] el Ing. Juan Simón Padrós, que era dueño del ingenio Aguilares y el propio Ambrosio Nougués que estaba vinculado al ingenio familiar San Pablo.[30]

Entre los actores políticos, se destacaban la colaboración de los gobernadores radicales Miguel M. Campero y José G. Sortheix, quienes promovieron varios proyectos de ley, como el de la Cámara Gremial[31] y la creación de los ingenios cooperativos cañeros Marapa (Río Chico) y Ñuñorco (Monteros) en 1928 y 1929, respectivamente. Esta última iniciativa si bien profundizaba la economía monoproductiva, buscaba una salida para moler la caña de los cañeros independientes, sin depender estrechamente de los grandes del azúcar. También se dieron aportes de legisladores como los del senador provincial Adolfo Piossek para crear estaciones agrícolas y otorgar créditos estatales a los cañeros.   

Los cañeros independientes separados del Centro Cañero y que unidos a la F.A.A., estuvieron representados en la negociación central, por el Dr. José Ignacio Aráoz, cuyo escritos anteriores sobre la cuestión azucarera referida a los costos agroindustriales, sirvieron para el alegato de ambas partes. El delegado cañero Salustiano Coitiño mediano plantador, lo acompañó en marzo de 1928 a la Capital Federal, y la propia F.A.A. Central participó, a través del síndico Dr. Angel  Ferrarotti, quien sostenía entonces en las páginas del periódico “La Tierra”, el “proteccionismo prudencial”.

La intervención de José Ignacio Aráoz, fue primordial debido a varias circunstancias personales. En primer lugar pertenecía a la élite tucumana, pero se apartó de su grupo, apoyando directamente la huelga cañera. Vivía en su finca en La Florida, donde disfrutaba de la vida campesina. Sentía una profunda admiración por Lucas Córdoba, y apoyó las leyes laborales “veristas” de 1923. Su formación académica de cuño católico, le hizo sostener la doctrina social de la Iglesia contenida en la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, del año 1891. Ante la lucha cañera de 1927, emprendió una “cruzada de reivindicación campesina”, que fue la esencia del Partido Agrario. Espíritu “ilustrado”, abierto al estudio, estableció “semejanzas” entre el socialismo y el cristianismo, considerando al interés central de ambas posiciones: la mejora de la calidad del ser humano.[32] 

Finalmente, para la redacción del Laudo definitivo se reunieron en marzo de 1928, durante veintitrés días, con el secretario del árbitro presidencial Dr. Medina, cuatro tucumanos: por los industriales, Juan Simón Padrós (representante del C.A.R.T.) y Ambrosio Nougués (presidente del C.A.N.); por los cañeros independientes de la FA.A., José Ignacio Aráoz y Salustiano Coitiño.  

El propio Presidente de la Nación, compartía muchas de las ideas de Aráoz, por estar muy cerca del “catolicismo social” sustentado por Monseñor de Andrea, para resolver los conflictos sociales dentro del marco de la conciliación. Marcelo T. de Alvear sostuvo al prelado como candidato a Arzobispo de Buenos Aires, pero el Vaticano vetó esta nominación por considerarlo un hombre muy avanzado en el campo laboral.[33]    

V. Análisis de los laudos presidenciales (1927-1928)

El Laudo parcial (o primer fallo arbitral) del 14 de septiembre de 1927, estableció que los fabricantes debían comprar la caña a un “precio fijo” y moler “toda la caña” del cultivador, anulando los contratos de compraventa ya firmados. Junto al control estatal sobre balanzas y libros de ingenio, los industriales aceptaron “bajo protesta” cumplir con lo estipulado por el árbitro. Apoyaron también, la propuesta de creación de ingenios cooperativos para los cañeros independientes. Este laudo  parcial, cumplía con las principales expectativas de las demandas cañeras, y fue celebrado como una fiesta por ellos, mientras los dueños de ingenios lo consideraron una derrota total.

Este primer Laudo, estableció las siguientes pautas que beneficiaron decisivamente a los cañeros: en primer lugar el precio de la caña entregada en canchón de ingenio fue fijada en 12,06 m$n, más cercana a los 13,195 de los cañeros que a lo sostenido por los industriales que era 10,60 m$n (según rendimiento máximo de 9,10 %). Las semejanzas entre el costo cultural de la materia prima y el costo de elaboración (costo industrial). Y “la patente de la caña gravitaba sobre el cañero y el impuesto al azúcar sobre el industrial”, y “el flete por la caña transportada por ferrocarril se repartía por mitad entre el cañero y el ingenio”; siendo considerado por el árbitro “el precio promedio del azúcar ... para la liquidación ... $ 2,65 los 10 kilogramos”.[34]    

En esta coyuntura crítica, la convención del radicalismo, celebrada el 15 de marzo de 1928, le exigió al candidato “yrigoyenista” Ing. Sortheix, que como parte de su programa de gobierno, cumpliera con las leyes “veristas” de salario mínimo y jornada máxima de 8 horas, y con la asistencia médica en los ingenios[35], ley aprobada durante el gobierno de Campero. Esta reivindicación hizo que reaccionaran los “barones del azúcar” principalmente Alfredo Guzmán y otros industriales, considerándola un castigo para la industria, porque la política social aumentaría los costos agroindustriales.   

Durante los próximos seis meses, los técnicos del M.A.N., junto a los representantes de la F.A.A. y del C.A.N., prepararon el laudo definitivo, que se conformó el 11 de mayo de 1928. Entre las normas dictadas estaban: la liquidación de la materia prima en la relación directa con el rendimiento comercial, es decir con el porcentaje de azúcar contenido “realmente” en la caña; y que el producto de la comercialización, se distribuyera por mitades entre cañeros e industriales.

Con respecto al sistema de liquidaciones, se fijaron dos procedimientos:

a)    liquidación individual: cuando el rendimiento de la caña, si es de superior calidad, beneficiaba al productor;

b)  liquidación general: los rendimientos de las entregas individuales de cada cañero, se sumaban, y de allí se sacaba el porcentaje general del rendimiento. Esto podía perjudicar al productor que tuviera mejor caña, pero beneficiaba a los cultivadores que traían caña de inferior calidad; en suma subía el porcentaje de rendimiento y por ende, el precio.

Otras normas, implicaron un reconocimiento a antiguas aspiraciones del sector cañero, como por ejemplo:

a) que pudieran controlar las operaciones comerciales en las fábricas (cargada, pesada y merma);

b) la fiscalización por parte de los organismos oficiales de todas las etapas de la industria;

c) la intervención de la Cámara Gremial (C.G.P.A.) en los contratos de compra-venta;

d) la supervisión de la E.E.A.T. para los análisis químicos;

e) la inspección y arreglo de las básculas de las fábricas.

Los cañeros y fabricantes, adoptaron como “contrato único”, las bases contractuales señaladas en el Laudo Alvear. Y ante cualquier problema de “interpretación”, se debía consultar al secretario arbitral Dr.  Medina. En consonancia con los esfuerzos a nivel nacional que se hacían para normalizar la industria, se dictó en Tucumán una nueva ley azucarera, el 21 de junio de 1928. Esta ley provincial, limitaba la producción al 70% del azúcar obtenido en 1926, para el período 1928-30, y autorizaba la exportación del 20%  . Restricción que fue aplicada por igual a cañeros de ingenio y  productores independientes de caña.

 Aráoz opinaba sobre los alcances del Laudo Alvear: que “ (...) El acto público de conciliación entre industriales y cañeros, ante la Cámara Gremial de productores de azúcar, ha sido una novedad altamente auspiciosa para nuestro futuro económico. (...) los cañeros estamos en gran desventaja (...) [por falta de conocimiento para discutir] la comercialización del azúcar. Con razón dice el presidente Alvear en su laudo arbitral: ‘No hay que olvidar tampoco que el mercado interno está dirigido por el gremio industrial, y que prácticamente, de su propio interés e iniciativa, depende el precio que se fije al azúcar, y por lo tanto, a la caña.’ ”.[36]  José I. Aráoz confía en la actuación de la Cámara Gremial, para evitar que se le pague mal a los cañeros independientes.

Cuando se publica una “encuesta cañera” del Partido Agrario, el 30 de agosto de 1928, se precisa sobre Tucumán que:

1.    está a favor de la limitación productiva;

2.    está de acuerdo con el fallo arbitral y los arreglos directos entre industriales y cañeros, y que la misión de la Cámara Gremial como tribunal tendrá una importancia trascendente. Faltando completar prescripciones “(...) para que sea un tribunal de hecho y de derecho  ...”

3.    sostiene que el “personal fiscalizador” debe depender de la Cámara Gremial

4.    apoya el proyecto del senador Adolfo Piossek para que el Banco provincial realice préstamos a los pequeños agricultores, siendo muchos los quebrantos de los cañeros durante cuatro años, porque las cosechas récords tucumanas sumadas a la superproducción mundial deprimieron los precios de la materia prima

5.    “Los ingenios serios reciben bien, y con equidad, las cañas. Los ingenios con administradores arbitrarios dan lugar a innumerables quejas de los cañeros. Y tan es evidente la mala intención al respecto, que hasta hoy, son muy pocos los ingenios que cumplen con la obligación contraída de poner al público planillas con las cantidades de caña comprada, con los porcentajes de tirada diaria y con las que efectivamente llevan tiradas al ingenio y cada uno de sus cañeros. No las ponen, porque así ocultan injusticias y abusos que cometen.”[37] 

La C.G.P.A., proyecto original de Aubone, fue sancionado por la Legislatura tucumana el 5 de julio de 1927, acordando iguales derechos a los agricultores cañeros y a los industriales dueños de ingenios, teniendo dos representantes por gremio; siendo el presidente designado por el Poder Ejecutivo provincial con acuerdo del Senado. La Comisión Arbitral “actuará como órgano regulador de las relaciones entre productores de caña e industriales”. Siendo las decisiones de este Tribunal sólo apeladas ante la Suprema Corte provincial. 

Para Antonio Diecidue, historiador de la F.A.A. “ (...) aquella ley tucumana fue sancionada para quitar fuerza y valor al movimiento gremial cañero, ya que procuraba evitar las huelgas, despojando al cañero de un derecho tan importante para su defensa.”[38] 

 Finalmente, queda pendiente una gran pregunta: ¿para qué se había redactado el laudo? La respuesta más evidente indica que era para mantener dentro de condiciones de equidad la agroindustria azucarera, protegiendo a los más débiles que eran los cañeros pobres sin desamparar al resto de los fuertes actores de la actividad.

 Otro de los objetivos fue controlar la industria, supervisando todas las etapas de la producción, desde las condiciones contractuales, pesada, efectividad de los laboratorios de ingenios. Impedir que un alza de precios cayera sobre los consumidores del litoral, que eran la clientela electoral disputada por radicales y socialistas con la mirada puesta en el proteccionismo “exagerado” hacia esa industria. Mantener la estructura fabril tucumana, que competía en forma desigual, frente al modelo productivo salto-jujeño más concentrado  y de mayor rentabilidad, por sus ventajas comparativas con respecto al modelo tucumano, fue otro de los desafíos aceptados por el Laudo.  

 En el Laudo Arbitral de 1928 el presidente Alvear “sostenía la tesis de que el cultivo de caña por los propios Ingenios traía como consecuencia la formación de verdaderos latifundios y la desaparición de un gran número de hogares (refiriéndose a los productores cañeros medios y chicos) que “la provincia de Tucumán y el país entero estaban interesados en arraigar”, esta era una posición compartida por la F.A.A. .[39] Alvear defendía un sistema productivo de pequeñas propiedades siguiendo el modelo checoeslovaco; pero lo novedoso del laudo fue que “(...) introduce el criterio de ‘función social’ de la riqueza, ...”[40] Otra de sus metas fue proteger al consumidor, que sufría los efectos de la protección aduanera hacia el azúcar; entonces, era hora de equilibrar los beneficios azucareros y mantener un precio que no encareciera el producto en demasía; el asesor letrado de la F.A.A., Dr. Ferrarotti hablaba de un “proteccionismo prudencial” frente a una posición muy diferente de los cañeros tucumanos, a pesar de la retórica a favor de los consumidores.  Y otro de los aspectos centrales del Laudo, fue que se apartó de los andariveles legislativos (Congreso Nacional), y procedió directamente estudiando in situ, la complicada “cuestión azucarera” con los técnicos del Ministerio de Agricultura de la Nación. La solución que se buscaba era de resolver definitivamente el problema, de allí los esfuerzos realizados. Pero lo que se extendió fue la práctica minifundista con las consecuencias por todos conocidas.  

A modo de conclusión: el Laudo Alvear y sus proyecciones

El Laudo presidencial, el primero en su género de la República Argentina, es un “código azucarero”, que representa la llegada del modelo de regulación estatal a esta industria. Modelo que se profundizará durante la presidencia del General Agustín P. Justo (1932-1938). Posteriormente habrá otros laudos presidenciales, junto a la acción de organismos estatales que intentarán mantener controlados los conflictos sociales y regulada la economía y las finanzas. Con Perón cambiarán los ejes, porque creará el Fondo Regulador (1950), subsidiando a los “ (...) productores agrícolas y a los ingenios de menor tamaño con las contribuciones hechas por los productores más eficientes.”[41]

Durante la década del ’60 la industria azucarera de Tucumán, que había mantenido ingenios obsoletos, junto a una gran cantidad de pequeños cañeros que vivían a nivel de “parvifundio”, es decir una extensión de tierra cultivada de caña que no alcanzaba para la supervivencia de una familia (casos de hasta una hectárea). Eran miles los zafreros de las provincias limítrofes que iban a esa provincia norteña en cada cosecha; pero será aniquilada por la decisión del primer ministro de Economía de Onganía Jorge Salimei al ordenar el cierre de once fábricas azucareras. Dejaba sin poder colocar su caña a miles de cañeros pobres, y sin trabajo a obreros y técnicos de los ingenios. No tardará en producirse una expulsión de población hacia Buenos Aires, radicándose mucha de esta gente en villas de emergencia del conurbano bonaerense, y con ellas, la profundización de la violencia social y política. 

El cierre de ingenios tucumanos, provocó la caída de la principal bandera del Laudo, y también liquidó la economía local con dramáticas consecuencias sociales. Ya estaba asentada la protección gremial de las organizaciones Federación de Empleados de la Industria Azucarera (F.E.I.A.), Federación Obrera de la Industria Azucarera (F.O.T.I.A), Unión Cañeros Independientes de Tucumán (U.C.I.T.) surgidas en la década del ’40, Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (C.A.C.TU.) que representaba a los grandes cañeros y F.A.A. .   Pero, en la década del ’90, con el modelo de desrregulación estatal, que estableció la privatización de empresas estatales, en el mercado azucarero se estableció el libre juego de la oferta y la demanda, buscándose “redefinir el tamaño de las fincas e ingenios hacia unidades de mayor dimensión.”[42]

Y se desmanteló la Cámara Gremial (C.G.P.A.), dejando de existir ese organismo que tanto había hecho como tribunal, a nivel de contratos, censos y  estudios técnicos. Su archivo se convirtió en papel para un prestigioso diario tucumano.

El panorama cañero ha cambiado mucho con respecto a la década del ’60, no existen las migraciones de zafreros, pero resiste la propiedad minifundista, y están presentes las cosechadoras integrales y los contratistas.

En la actualidad, sólo la gente grande se recuerda de la aplicación del Laudo Alvear y cuál fue la importancia de la Cámara Gremial.

No olvidan cuando los cañeros tuvieron el poder para enfrentar a los ingenios. Y pesar de ya pasaron casi 80 años de esas luchas de la década del ’20, allá en los cañaverales de Tucumán, se comenzó a pelear por los principios de “justicia y equidad social.[43]

                             

 

 

 

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[1]  Ponencia presentada en las Jornadas Interescuelas organizadas por la Universidad Nacional de Rosario, en septiembre del año 2005. Agradezco especialmente a la historiadora Noemí Girbal-Blacha (CONICET-UNLP-UNQ), por haber leído el borrador, y  realizado amables y cálidas sugerencias, que permitieron mejorar la calidad del trabajo. Además mi consideración hacia la investigadora Mónica Blanco (UNComahue) por sus comentarios. En Tucumán deseo recordar las conversaciones sobre esta temática y la investigación histórica de los historiadores Daniel Campi (CONICET-UNT), María Celia Bravo (CONICET-UNT), Ricardo Pucci (UNT) y Eduardo Rosenzvaig (UNT). Además de la colaboración inestimable de la encargada de la biblioteca del I.E.G. Prof. Mercedes Porcel.

[2] Parte dispositiva del Laudo Alvear de 1928, ver: Unión de Cañeros Independientes, Laudo Alvear 1928,  Tucumán, 1956, pp. 68-77; Industria Azucarera, Nº 414,  abril, 1928, pp. 262-271 (análisis del Laudo); Micele Antonio, La industria azucarera en la República Argentina, Tesis doctoral, U.B,A.,, 1936, pp. 45-54 y passim.; Taborda Caro, María Susana: Derecho Agrario, Cap. XI, Régimen jurídico del azúcar, pp. 517-546; Santamaría D., Azúcar y Sociedad en el Noroeste Argentino, ibíd., p. 35; La Industria Azucarera, Nº 417, julio, 1928, pp. 635-638. Para ampliar los análisis sobre el Laudo Alvear ver: Girbal-Blacha, Noemí: “Azúcar, cambio político y acción empresaria en la Argentina (1916-1930)”, Separata de Investigaciones y Ensayos, Nº 41, Academia Nacional de Historia, Bs. As., 1991, pp. 300-314; y Bravo, María Celia: Tesis de Doctorado en Historia (inédita): Sector cañero y política en Tucumán 1895-1930, UNT, Tucumán, diciembre 2000, principalmente pp. cap. IX, pp. 1-25: trabajo facilitado por la autora.Y finalmente: García Posse, Pedro: “Las guerras del azúcar y las respuestas empresariales (1913-1930), en 3ras. Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales 5-6-7 noviembre 2003; y Araóz, María Florencia, José Ignacio Aráoz. Una vida tucumana 1875-1941. Centro Cultural Alberto Rougés-Fundación Miguel Lillo, Tucumán, 2001, y Romero, Elba Estela: José Graciano Sortheix (1873-1954). Una biografía, Centro Cultural Alberto Rougés-Fundación Miguel Lillo, Tucumán, 2004.

[3] Alazraqui, José, Algunos aspectos de la actualidad azucarera, Imprenta de la Universidad, Bs. As., 1927, p.72.

[4] La Industria Azucarera, Nº 715, mayo 1953, p. 127-133: cuadros estadísticos.

[5] La Industria Azucarera, Nº 422, diciembre, 1928, p. 1026. Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 22 de septiembre de 1925, tomo II, pp. 384-394 y “Estudio de la crisis azucarera en el Congreso” en La Industria Azucarera, 1925, Nº 385, noviembre, pp. 1170-1181.La, 1928, p.1026. 

[6] Bravo, María Celia: Tesis doctoral, ibíd., pp. 20-22.

[7] Declaraciones del Ing. Remigio Rueda y de otros delegados del Centro Cañero de Tucumán, en La Tierra, 8 de julio de 1926, p. 1.

[8] Girbal-Blacha, Noemí M., Estado, chacareros y terratientes (1916-1930), C.E.A.L., Biblioteca Política Argentina, Nº 211, 1988; y  La Tierra, 25ºAniversario

[9] “Noticias de Tucumán” en La Tierra, 1º de enero de 1927, p. 2.

[10] Nicolás A. Lucero: “Por tierras tucumanas –Gesto de leona- en La Tierra, 26 de diciembre de 1926, p. 7.

[11] El Centro Azucarero Nacional, con sede en la Cap. Fed., estaba integrado por varios grupos económicos: industriales tucumanos,  el grupo C.A.T. (Compañía Azucarera Tucumana) que poseía en Tucumán cinco ingenios, junto a los “refinadores” como “La Refinería Argentina” que pertenecía al mismo grupo Tornquist (C.A.T.), dirigido por José María Landajo. Además estaban los industriales del Norte: Salta y Jujuy. Por lo tanto, fue frecuente las diferencias en materia de política azucarera. Con respecto al comportamiento de los industriales en esa época, ha sido tratado por: Girbal-Blacha, N.: Azúcar, cambio político y acción empresaria en la Argentina (1916-1930), op.cit., pp. 288-314 ( período 1925-1930).

[12] Tucumán, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 12 de mayo de 1926, p. 37, citado por Greenberg, Daniel: Depresión azucarera y movilización de los “cañeros”: Aspectos sociopolíticos del conflicto agroindustrial de los años 1920 en Tucumán, Pace University, New York City, p. 4.

[13] Fleitas, María Silvia, El pensamiento político y económico de Benjamín Villafañe, 1ª edición, Unidad de Investigación en Historia Regional-Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, 1997, ver principalmente: “Estudio preliminar”, pp. 11-48, y “Escritos Económicos” pp. 111-148.

[14] Girbal-Blacha, Noemí M., “Azúcar, poder político y propuestas de concertación para el Noroeste Argentino en los años ’20. Las Conferencias de gobernadores de 1926-1927” en Desarrollo Económico, Nº 133, abril-junio 1994, principalmente pp. 115-123; Bravo, M.C.: “Cañeros, industriales,y mecanismos de arbitraje azucareros en la década del ‘20”, Población y Sociedad, Revista Regional de Estudios Sociales, Tucumán, diciembre, 1993, Nº 1, pp. 35-46 (bis); La Industria Azucarera, Nº 392, 1926, pp. 520-531. Fleitas, María Silvia: El pensamiento político y económico de Benjamín Villafañe, Universidad Nacional de Jujuy, Unidad de Investigación en Historia Regional, Jujuy, 1997.

[15] Schleh, Emilio J.: La industria azucarera, Centro Azucarero Nacional, Bs. As., 1935, p.44, citado por Anuario de la Dirección de Estadística de Tucumán.

[16] Cross, William E., “Notas sobre la cultura agronómica de Tucumán en su régimen y desenvolvimiento en los últimos cincuenta años”, Compañía Impresora Argentina, Boletín  Nº 20, (diciembre 1932), de la Estación Experimental Agrícola de Tucumán, pp. 32-34.

[17] La Industria Azucarera, Nº 401, marzo, 1927, p. 175.

[18] Ibidem, Nº 403, mayo, 1927, pp. 365-373. Greenberg, Daniel, op. cit., pp.  Y García Serrano, Tomás: Esteban Piacenza. Apuntes biográficos.2ª edición, Librería y Editorial Luz, 1967, Rosario, pp. 103-108, en donde el autor pondera el rol de la F.A.A. como organizador de la victoria de los cañeros tucumanos sobre los ingenios.

[19] Ibíd., Nº 410, diciembre, 1927, pp. 1121-22.

[20] Alvear buscó durante su gobierno la “paz social”, y en la campaña de 1937 lo afirmaba: “Todas las veces que intervine en asuntos de justicia social, de conflictos de intereses entre el capital y el trabajo, obré con prudencia y atención, dedicadas especialmente a buscar soluciones (...), y la condición esencial que impuse a todo debate fue el mantenimiento del orden establecido a fin de evitar las ofuscaciones propias de la exaltación”, Sabsay, Fernando L. y Etchepareborda Roberto, El Estado Liberal Democrático, 1ª edición, EUDEBA-MACCHI, Bs. As., 1987, p. 263.

[21] Ibíd., Nº 415, mayo, 1928, p. 378:  El Presidente Alvear impartió las instrucciones para que Rodolfo Medina, “ ... enviar(a) al extranjero tres comisionados técnicos: uno a Estados Unidos de Norteamérica y Antillas, otro a la gran región productora de azúcar de remolacha azucarera (Francia, Alemania y Checoslovaquia), y otro a Java, Indostán, Hawai y Filipinas” para estudiar “ ... el aspecto económico-social de la industria.”, citado en la parte de fundamentos al Laudo arbitral (punto III)

[22] William Ernest Cross: nació en Leeds, Inglaterra en 1887. Doctor en Química en la Universidad de Leeds, Inglaterra, y Doctor en Filosofía en la Universidad de Göttingen, Alemania, respectivamente. En EE.UU. fue Jefe de Laboratorio de Investigaciones Químicas de la Estación Experimental Azucarera de Nueva Orleans. Llegó a la República Argentina en 1914, contratado por la EEAT, cuya dirección general ocupó en el período 1916-1946. También ejerció tarea docente la Universidad de Tucumán. En dos oportunidades salvó a la industria azucarera primero con la plaga del “mosaico” y posteriormente en 1943 con la del “carbón”. A demás de su tarea infatigable de divulgación tanto a través de publicaciones periódicas como en programas radiales. Datos extraídos de La Razón, suplemento especial dedicado a la industria azucarera tucumana (8 páginas), 6 de diciembre de 1978, p.2.

[23] Ibíd., punto III del Laudo Arbitral, p. 378.

[24] Producto de sus observaciones fue la redacción del Informe Medina, base de las conclusiones sobre las condiciones de vida del pequeño cañero en particular, que la publicación del C.A.N. tituló: “Un informe oficial retrospectivo sobre el conflicto cañero” y que cita la Memoria de 1919 del Banco de la Provincia de Tucumán. El Informe Medina llega a la siguiente conclusión: “Esta situación es muy seria ... ha reducido los precios hasta extremos que no permiten al cañero, en determinadas zonas, obtener un pago remunerativo por la caña.” La Industria Azucarera, Nº 404, junio, 1927, pp. 508-510. 

[25] “Regreso de Comisionados Oficiales. El 28 de marzo regresó de Estados Unidos, (...), Cuba, Puerto Rico, Chile y Perú, el doctor Máspero Castro, delegado del Ministerio de Agricultura, (...) . (que) presentó un informe sobre la industria del azúcar, ... aspecto económico y modalidades propias en las relaciones entre los plantadores de caña y fabricantes de azúcar. En cuanto al ingeniero Guillermo Aubone, delegado (...), en Alemania, Francia y Checoslovaquia, llegó a mediados de abril y presentó el informe de su misión. En: La Industria Azucarera, Nº 414, abril 1928, p. 301. 

[26] Carlos Aubone: se graduó en la Escuela Nacional de Ingenieros de San Juan, fue secretario general de la Oficina Nacional de Geodesia y director general de Industria y Comercio (1924-30), en Rizzuto, F. Antonio, Diccionario Biográfico contemporáneo. Personalidades de la Argentina, 3ª edición, S. A. Editorial y de Informaciones Comerciales, Bs. As., 1948, pp. 67-68. Para ampliar datos biográficos sobre C. Aubone, ver: Newton, Jorge, Diccionario biográfico del campo argentino, Bs. As., 1972, p.51 y Quién es quién en la Argentina. Biografías contemporáneas, 3ª edición, Edit. Guillermo Kraft Ltda., Bs. As., 1943, p.57.  Rodolfo Medina: abogado (especializado en Derecho Penal y Federal), fue profesor universitario y magistrado (no quiso enviar su biografía). Rizzuto, op.cit., p.553. Nació en La Plata, el 7 de julio de 1885. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional y en la UBA. Fue profesor de “Legislación Rural” de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA (1929-34); fue subdirector general de Comercio e Industria del M.A.N., Procurador Fiscal Federal en la Cap. Fed. y Juez Federal en La Plata. Además actuó como secretario y asesor del Presidente de la Nación Alvear, en el arbitraje de la cuestión industrial-cañera de Tucumán (1927-28). Y fue representante permanente de la Comisión Nacional del Azúcar y miembro del Consejo del Directorio de la Industria Azucarera (1930-34). Y dirigió el anuario “República Argentina. Nociones útiles”, publicado por el  M.A.N., y colaboró en revistas del país y del extranjero; datos extraídos de: Quién es quién, ibíd., p.512.  Enrique Fermín Mihura: abogado. Doctor en Jurisprudencia. Nacido en Paraná (E. Rios) el 7 de julio de 1895. Estudios: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA (1915-18). Reemplazó a Tomás Le Bretón en el Ministerio de Agricultura de la Nación, citado por  Quién es quién, ibid., p.526. S. Pedro Marotta: ingeniero agrónomo. Fue profesor universitario. Nació en Bs. As., el 2 de junio de 1890. Estudios: Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA. Medalla de Plata, curso 1906. Recibido en 1909. Medalla de oro. Tesis: “El Salitre de Chile”. Actuación: director general de Laboratorios e Investigaciones Agrícola-Ganaderas (1927-32), tuvo una vastísima actuación universitaria en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA, siendo: vicedecano (1924-25), decano  (1927-31), y (1936-40). Y también fue delegado de su facultad a la Asamblea de la C.A.C.I.P, y participó en el Museo Social Argentino; en: Quién es Quién, ibid., p.490.

[27] Parker, El siglo XX, Editorial Siglo XXI, México,1982, p.161.

[28] Bravo, M.C., íbid., nota 34, p.46. Y el senador tucumano M. Rougés, cita en los fundamentos de su proyecto sobre creación de la Cámara Gremial, que en “el año 1923 existían en Gran Bretaña 63 consejos de Industria (...) destinados a examinar para cada profesión el régimen de los salarios y el costo de la vida, (...) hay representantes de los obreros y de los patrones,” manteniendo la armonía social.  La Industria Azucarera, Nº 404, junio, 1927, pp. 520-521.

[29] El Ing. José Padilla, administrador de los ingenios San Pablo (que modernizó), colaborando con sus primos los Nougués, también en Mercedes y luego en Santa Ana, y ex candidato a gobernador por el Partido Liberal, perdiendo frente el candidato radical José Graciano Sortheix. Perilli, Elena: José Padilla (1881-1948), Centro Cultural Alberto Rougés-Fundación Miguel Lillo, Tucumán, 2002, pp.50-52 y 56-59.

[30] Juan Simón Padrós: ingeniero industrial, especialidad “industria azucarera”, diputado a la Legislatura de Tucumán (1916-20), y presidente de la sociedad, “Simón Padrós y Cía” que dueña del Ingenio Aguilares. Quién es quién en la Argentina. Biografías contemporáneas. 4ª edición, Edit. Kraft, Bs. As., 1947, p.852. Y Ambrosio Nougués, que fue presidente del C.A.N. entre los años 1923 y 1929.

[31] La Industria Azucarera, Nº 404, junio, 1927, pp.515-524, en donde se detallan los proyectos del P.E. tucumano y del senador Marcos Rougés, sobre la formación de la Cámara Gremial, que finalmente se fundieron en un solo proyecto final.

[32] Aráoz, M.F., op.cit., pp. 93, 96 y 98.

[33] Gallardo, Jorge Emilio: Conflicto con Roma (1923-1926). La polémica por Monseñor De Andrea. 1ª edición, El Elefante Blanco, Bs. As., 2004.

[34] Micele, Antonio, op. cit., pp. 47-48.

[35] La ley de asistencia médica obligatoria fue muy resistida por los industriales durante las gestiones de Campero y Sortheix.

[36] Laudo Alvear, en: La Industria Azucarera, Nº 415, mayo, 1928, pp. 374-419 (incluye fundamentos y parte dispositiva). La opinión sostenida en el Laudo sobre cómo actuaban los industriales estableciendo “combinaciones”,  fue tratada en febrero de 1919 por la Comisión Antitrust en el Congreso Nacional. Los industriales reconocieron que la Refinería Argentina (grupo Tornquist) “ (...) dá los precios del azúcar y que a estos precios se ajustan los demás fabricantes” en: Revista Azucarera, Nº 204, diciembre de 1919, el fallo de la comisión antitrust, pp. 359-366.

[37] Aráoz, M. F., op.cit. pp. 359-366.

[38] Carpeta de Antonio Diecidue: Tucumán, p. 62 –texto a máquina de 116 páginas, fechado el 11 de septiembre de 1972. Aclarando que se ha utilizado el periódico “La Tierra”, y sólo por excepción, al faltar el 2do. Semestre de 1928, se ha tenido que consultar esta fuente.

[39] Santamaría, D., op.cit., p. 81.

[40] Bolsi-Ortiz: Población y azúcar en el Noroeste Argentino. Mortalidad infantil y transición demográfica durante el siglo XX, U.N.T., Facultad de Filosofía y Letras, I.E.G., p.92.

[41] Rofman, Alejandro: Las economías regionales a fines del siglo XX. Los circuitos el petróleo, del carbón y del azúcar, Editorial Ariel, Bs. As., 1999, pp. 160-161.

[42] Ibidem, pp. 163-164.

[43] Para estudiar el período 1930-1970, últimamente se han realizado los siguientes trabajos: Girbal-Blacha, Noemí: El Banco de la Nación Argentina: administrador y empresario agroindustrial. El caso del Ingenio y Refinería “Santa Ana”, Tucumán (1932-1958), Facultad de Ciencias Económicas, Cuadernos del P.I.E.A., Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Bs. As., Nº 14. Girbal-Blacha, N.: “Economía azucarera tucumana, empresarios y crédito en tiempos del Estado peronista (1946-1955) y Rubinstein, Gustavo: “El Estado peronista y la sindicalización de los trabajadores azucareros”, en: Darío Macor y César Teach (editores), La invención del peronismo en el interior del país, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2003. Girbal-Blacha, N.: Mitos, paradojas y realidades en la Argentina peronista (1946-1955). Una interpretación histórica de sus decisiones político-económicas, 1ª edición, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, Bernal, 2003; principalmente pp. 137-156. Y específamente para una interpretación del crac de 1966 en Tucumán, ver: Pucci, Roberto: “Tucumán 1966: ‘año cero’ de la revolución neoliberal en la Argentina (notas para su estudio)” en: Revista de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, Tucumán, Nº 11, diciembre 2003, pp. 249-280, versión ampliada y corregida de una comunicación presentada en las III Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad Nacional de Rosario, 2-4 de octubre de 2002 ; y Pucci, R.: El “affaire del azúcar”, cuando el régimen de Onganía tomó por asalto la provincia de Tucumán (1966-1970), versión ampliada de una ponencia presentada en las Terceras Jornadas de Historia Económica, República Oriental del Uruguay, Montevideo, 9-11 de julio de 2003, agradeciendo al autor por facilitarme el original de este trabajo.