domingo, 11 de noviembre de 2012

guerras del azúcar


Las guerras del azúcar y las respuestas empresariales, Tucumán (1913-1930)[1]

Pedro García Posse. C.E.H.R., Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, U.N.L.P.

Palabras claves: crisis, cambios, industriales, producción azucarera, Tucumán

 

I. Introducción


Al promediar la década de 1870, surge en el noroeste argentino (N.O.A.), un complejo  azucarero, ubicado en la provincia de Tucumán. Éste, posee características singulares que lo diferencian de otros enclaves industrializados de América Latina, pues, principalmente se desarrolla principalmente para abastecer el mercado interno. Tampoco se produce allí, una economía de plantación que controle todo el proceso económico (producción-fabricación-comercialización), ni su mano de obra es esclava (a excepción de la experiencia fallida, con indígenas pampas y ranqueles (Mases, 1987)[2], aunque existen condiciones cuasi-serviles mantenidas por una legislación opresiva (Reglamento de Policía provincial de 1856, otro reglamento de 1877: concepto de “vagancia”, y Ley de Conchabos de 1888).[3] La expansión azucarera se produce entonces, en el período 1876-94, por la confluencia de un conjunto de factores: llegada del ferrocarril en 1876 (F.C.C.N.), crédito bancario, protección estatal e inversiones de capitales nacionales y extranjeros.
Esta industria, será manejada por una élite dirigente que controla los resortes políticos provinciales y que mantiene a nivel nacional, relaciones con el gobierno (a veces, goza de cierto “favoritismo”), y una presión activa en el Congreso, a través de legisladores estrechamente vinculados a la producción azucarera. Otro canal de presión es el Centro Azucarero Argentino (C.A.A.), fundado en 1894, organismo de los industriales y grandes plantadores.
En el período 1895-1914, la industria alcanzará tal auge, que se llegará a un “boom azucarero” con las consiguientes modificaciones de la estructura social y de los grupos   de poder económico: cierre de ingenios no modernizados, industriales que pasarán a la categoría de cañeros, formación de S.A., llegada de nuevos inversionistas, produciéndose la concentración industrial.  Estos cambios tendrán su impacto en la estabilidad económica e institucional provincial; y también su proyección, en los mecanismos de control del abastecimiento del mercado interno y de la comercialización con el exterior.
Este trabajo pretende analizar el comportamiento de los empresarios azucareros ante los diferentes tipos de crisis y cuáles fueron  las derivaciones socioeconómicas para la industria azucarera, en el N.O.A. con epicentro en Tucumán, entre los años 1913-1930. Es ésta la hipótesis central de este estudio histórico que sobre las bases de fuentes primarias y bibliografía actual y de época se propone sumar una explicación a las interpretaciones existentes sobre el tema de la economía regional monoproductora. El tiempo histórico elegido tiene su punto de partida en la preguerra y la crisis de la caña criolla, y continúa durante la década del 1920 en que el problema de esta rama de la industria se convierte en un asunto de alcance regional con implicancias de responsabilidad nacional.
Para analizar esta vasta problemática, no podemos prescindir de los trabajos del “historiador de la industria azucarera”: Emilio J. Schleh (1910, 1939, 1945, 1953), pasando por los que realizan crónica histórica  de carácter acontecimental y biográfico (Páez de la Torre (h):1976, 1987;  María Florencia Aráoz: 2001, e Inés Rougés: 2000). Junto a la evaluación  de los costos agroindustriales (Daniel J. Santamaría, 1984) y de las huelgas azucareras de 1923 (Santamaría, 1984). Las investigaciones sobre la historia de la Refinería Argentina de Rosario (1888-1930), enmarcada en el tema de los avances tecnológicos dentro de una economía azucarera periférica (D. Guy, 1988) y de las inversiones de las élites azucareras en recursos naturales entre 1870 y 1930 (D. Guy, 1992).
En estos últimos tres lustros se ha incrementado de manera significativa la producción historiográfica sobre la cuestión azucarera en el Noroeste argentino. Trabajos sobre el “despegue azucarero” tucumano y la articulación de los distintos actores sociales en los años 1876-1914  (Noemí Girbal-Blacha, 1988; Roberto Pucci, 1986, 1989; María Celia Bravo, 1991, 1997, 1998). La llegada del Radicalismo al poder y su impacto en las relaciones azucareras (N. Girbal-Blacha, 1991; R. Pucci, 1996; M. C. Bravo, 1993, 2000, 2002; también el conflicto azucarero (1925-1927) y Laudo Alvear (M. C. Bravo, 1993). .Y la importancia de las conferencias de los gobernadores del N.O.A. de 1926-1927 para lograr mecanismos de concertación y superar las crisis azucareras (N. Girbal-Blacha, 1994). Además existen valiosos aportes desde la geohistoria azucarera (Alfredo Bolsi, 1997, 2000, 2002 -estudios de paisaje y  población azucarera...). Y es destacable la labor de “albañil” de Eduardo Rosenzvaig, que ha publicado tres tomos de una verdadera enciclopedia azucarera (1995, 1997 y 1999).

II. Empresarios, crisis y cambio político (1913-19)

2.1. Empresarios y crisis agrícola

Ernesto E. Padilla, miembro de la élite azucarera y del Partido Conservador, ganó la gobernación de Tucumán en 1913, aplicando la nueva ley electoral. Asumió con otra crisis en ciernes, las abundantes zafras del 1913-14. Pero la Gran Guerra, salvó a la industria del colapso, exportándose el excedente, principalmente a Gran Bretaña y Uruguay.[4]
En la provincia norteña , la producción azucarera sufría los efectos de la subproducción debido a la degeneración biológica de la caña criolla. Se pasó de 2.982.000 tns. de caña y 237.000 tns. de azúcar (zafra de 1915), a 1.797.361 tns. (zafra de 1916) y 103.986 tns. de azúcar; esa merma productiva de 60.3% y 43.9% en esos dos rubros respectivamente,  representó para la economía provincial un fuerte retroceso. Y provocó que ningún ingenio de Tucumán llegara al 7% de rendimiento.[5] El gobernador propugnaba el reemplazo de plantíos por nuevas variedades de caña de mejores rindes, y el “... acomodamiento forzoso los plantadores e industriales...”, a esta situación crítica. Por lo tanto, obtener un mayor rendimiento de caña y azúcar, y una reducción del costo de la materia prima. que representaba “... un seguro para nuestra producción ...”, por los estudios aplicados a los cultivos.[6]
La preocupación por las malas cosechas, afectó a todos los actores económicos (industriales, productores y jornaleros), y el medio político intentó articular estrategias para superar esa coyuntura tan desfavorable. Es así, que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Castro Videla que autorizaba al gobierno provincial a importar caña de Java y distribuirla entre los plantadores, que se habían experimentado con notable éxito en la Estación Experimental y en plantaciones privadas (principalmente P.O.J. 36, 213 Y 236).[7]
 El presidente Victorino de la Plaza, decretó ante la falta de producción, la libre importación de 30.000 tns., esta medida provocó la reacción del Centro Azucarero (C.A.A.) y de la Refinería Argentina. En cuanto al alza del azúcar, los industriales argumentaban que se debía a la baja productiva por las malas cosechas “... sin que sea necesario buscar sus razones en la situación del mercado universal, y menos aún hablar de un misterioso trust.” [8]
El Partido Socialista en el Congreso atacó constantemente a través de sus legisladores (Justo, Repetto, etc.), la protección de la industria azucarera, y puso sobre tablas la cuestión social del trabajador rural.
La crisis agrícola, provocó modificaciones en el panorama empresarial: venta de ingenios, subdivisión de plantaciones, solicitud de créditos a compañías privadas, no adquirir caña, experimentación con otras especies de caña, búsqueda de elevar el rinde sacarino y de caña por hectárea, hipotecar fincas cañeras para conseguir préstamos ...[9] La Cía. Concepción, que había tenido una activa participación financiera y comercial, realizando préstamos, adquiriendo el ingenio Luján, y extendiendo la caña de Java en sus plantaciones (7.737 Has). Y hubo una puja sobre la “efectividad” de las variedades javanesas entre Guzmán, defensor del trabajo de la Estación y la  C..A.T., y ésta tuvo que enmendar su Informe. Es decir que la crisis de la caña criolla provocó diferentes respuestas en los industriales, mientras Alfredo Guzmán apoyó la “javanización” (término acuñado por M. C. Bravo), la C.A.T. se dedicó a modernizar sus fábricas para mejorar su capacidad de molienda, aumento de medios de transporte y realizar tareas de recultivo, demándandole grandes inversiones.[10]

2.2. Cambio y crisis política provincial

 En medio de esa coyuntura crítica, hubo elecciones provinciales y ganó Juan Bautista Bascary (U.C.R. Roja), a los candidatos Pedro G. Sal (U.C.R. Azul) y Alfredo Guzmán (Concentración Conservadora). Las divisiones internas de la U.C.R., obedecieron a cuestiones sociales y políticas, mientras que el grupo “rojo” era el radicalismo tradicional y populista; el grupo “azul” era el  sector que se había incorporado recientemente, ante el triunfo de Yrigoyen en las elecciones nacionales. Éstos provenían del sector conservador, constituyendo el ala neo-radical, conformado para luchar por sus intereses económicos. Pedro G. Sal, estaba apoyado por el terrateniente Ramón Paz-Posse, de pasado conservador. J. B. Bascary, cañero y consignatario de azúcar, había sido directivo de la Bolsa de Comercio y fuerte accionista del Banco Comercial de Tucumán.[11] Fue el “primer gobernador radical” de Tucumán y desde el comienzo tuvo problemas con la oligarquía azucarera. El 1º de septiembre de 1917, decretó el gobernador Bascary, una nueva valuación fiscal para el pago de la contribución directa. Es por esta razón, que el gobierno provincial, se enfrentó a los intereses de los grandes propietarios y empresarios azucareros. En dicho decreto, se establecía que, una comisión sería la encargada de confeccionar nuevos padrones para el cobro de la contribución directa 1918-20, produciéndose el hecho de que muchos industriales y grandes cañeros no habían pagado nunca impuestos. Y como complemento al  “ataque fiscal”, se instaló la “cuestión social”, reglamentándose el 3 de septiembre la Ley N° 9.688 de Accidentes de Trabajo.[12]
Los proyectos del P. E. provincial ante la oposición en la Legislatura, en donde se habían unido los conservadores (P.Liberal) y los radicales “azules”, tuvieron que salir por decreto. El conflicto de poderes, derivó en la decisión de Bascary de carácter anticonstitucional, de cerrar la Legislatura. Los legisladores opositores, se reunieron en casa del presidente del Senado Dr. León Rougés. Y Bascary ordenó a la policía allanar la casa del senador, y lo arrestó junto al diputado nacional Melitón Camaño, confinándose al diputado en  Jalapa,  Santiago del Estero. Ante estas circunstancias, el gobierno nacional practicó la intervención, nombrando como interventor federal al Dr. Juan M. Garro, que asumió el 26 de diciembre de 1917.
En la primera acción federal, fue suspendido Bascary, por siete meses (26/12/17 hasta 27/7/18), y faltándole pocos meses para terminar su período, sufrió otra intervención, el 8 de diciembre de 1920, en la que fue desplazado definitivamente. 
Como resultado de la política bascarista, los cañeros independientes se agruparon, recreando en 1918 el Centro Cañero (que había sido fundado en 1895), nuevo factor de  presión organizado. Esta institución, fue presidida por el terrateniente cañero Pedro León Cornet, de militancia radical (candidato a gobernador por la U.C.R. en 1913), y solicitaban una legislación para regular equitativamente, sus relaciones comerciales con el sector industrial.[13]

2.3. Empresarios su relación con Yrigoyen

Los empresarios van a chocar una y otra vez con la política azucarera de Yrigoyen, que defiende el interés de los consumidores del litoral, base de su clientela electoral. De allí la cantidad de acciones para intentar torcerle el brazo al gobierno.
En 1919, se producía otro episodio de exceso productivo, y los cañeros solicitaron los “altos” precios del período subproductivo. La raíz de esta crisis, era que tanto los cañeros independientes como los fabricantes, aumentaban sus plantaciones, sin considerar las necesidades del mercado interno. Sobre esta temática, Hagemann, sostenía que la “... única solución consistía en la instalación de nuevas fábricas...”. Y la C.A.T., se embarcó en la extensión de su propia caña, comprando tierras.[14]
A nivel corporativo el C.A.A. representó a los industriales, en su discusión sobre la cuestión azucarera con Yrigoyen, y siguió criticando su gestión, por haber multiplicado las autorizaciones para importar azúcar en cantidades superiores a las necesidades del país. Paralelamente, los cañeros independientes nucleados en el Centro Cañero, dirigieron una solicitud al Presidente de la Nación, para que redujera la importación de azúcar de acuerdo al consumo interno; por cuanto ellos, debían hacer frente a una serie de deudas contraídas para salvar sus plantaciones de la plaga del “mosaico”, replantando caña javanesa; y entonces, la saturación del mercado con azúcar importada, provocaría la ruina del sector.
Otro de los canales de presión, fue a través de los diputados nacionales de Tucumán; en efecto, los radicales Pedro L. Cornet, Miguel A. Aráoz, Octaviano S. Vera, y el conservador Eduardo Padilla, tuvieron una audiencia con el ministro de Hacienda, con la finalidad, que el gobierno suspendiera la libre importación de azúcar, porque violaba el artículo 3° de la Ley 8877 (importación para cubrir el déficit del consumo interno). Criticaban éstos, la licitación por decreto del 10 de agosto de 1918, de introducir “libre de derechos” 200.000 tns., en momentos en que la industria atravesaba un auge productivo.[15]
En el mes de febrero de 1919, los principales industriales nucleados en el Centro Azucarero, se reunieron en la Capital Federal, con el diputado nacional y presidente del Centro Cañero Pedro L. Cornet, mandando una nota de protesta al ministro de Hacienda sobre la política importadora.[16]
Otro de los frentes de ataque a los industriales, provino de una campaña seguida por el Partido Socialista, iniciado por el diputado nacional Repetto, quién comenzó una investigación parlamentaria para determinar la existencia de trusts en las industrias, incluída la azucarera. Determinándose lo siguiente:
1. la Refinería Argentina de Rosario, del grupo Tornquist, fijaba los precios del azúcar a nivel nacional, elaboraba el azúcar en los ingenios de la C.A.T., y, de  otros ingenios, importaba azúcar bruto para refinarlo y colocarlo en el comercio interno, y funcionaba como una fuente de crédito informal a los ingenios e industriales,
2. la C.A.T., constituía una fusión de cinco fábricas tucumanas (Lastenia, La Florida, Nueva Baviera, San Andrés y La Trinidad), concentrando el 25% de la producción tucumana, y mandaba su producción fuera de la provincia, a la Refinería Argentina de Rosario (Santa Fe), perteneciendo todas estas empresas al grupo Tornquist,         
3. el C.A.A., que era una organización de los principales fabricantes de azúcar, se reunía en la Capital Federal, a fin de realizar evaluaciones acerca de la marcha de la industria, y para fijar estrategias ante la evolución de la política económica. El grupo Tornquist dominaba el Centro Azucarero, dirigido por C. A. Tornquist y M. Hagemann, habiendo una importante presencia de industriales tucumanos,
4. los legisladores provinciales y nacionales norteños, estaban vinculados con los intereses azucareros de diferentes formas: como propietarios de ingenios, miembros de sus directorios, representantes de las compañías azucareras, o grandes cañeros.
Fue muy ilustrativa la investigación parlamentaria porque reveló la complejidad del mundo empresario azucarero, de hecho, la queja de políticos, grandes cañeros y los industriales tucumanos era contra el monopolio de la C.A.T.-Refinería Argentina que controlaba la producción, refinación, comercialización y la importación.[17]

III. ¿Normalización de la industria azucarera (1920-1924)?

3.1. Subproducción y lucha legislativa

Mientras que en la Cámara de Diputados, seguían los enfrentamientos sobre la problemática azucarera. El diputado Bunge, describió, las malas condiciones de los obreros empleados en la industria azucarera y del estado del proletariado tucumano. Esta descripción negativa, provocó la réplica de los diputados tucumanos, E. E. Padilla y León Rougés. A su vez, el diputado Camaño (Tucumán), calificaba a la política radical de “liberal”, porque “... todos los años se ha permitido la libre introducción del azúcar ... La presidencia actual se ha consagrado al abaratamiento de este producto, y se puede afirmar que en estos tres últimos años (1917-20), la industria azucarera no ha gozado de los beneficios de la Ley Saavedra Lamas.” Y el Senado, aprobó el 5 de febrero de 1920, una nueva ley azucarera (Ley Ferrarotti) que derogaba la Ley N° 8877 de 1912.
Yrigoyen defendió el derecho a intervenir en disposiciones que constituían una defensa de los intereses de los consumidores, manteniendo el artículo 3° de la Ley Saavedra Lamas y el decreto del 8/8/1919. Su propósito era evitar el “... encarecimiento del artículo en proporciones tan exageradas como ya está sucediendo, que lo convierta en un verdadero artículo de lujo.”  Pero el presidente, vulneró el artículo 72°  de la Constitución Nacional, al sostener el veto parcial, y también con el decreto del 8 de agosto, que prohibía la exportación, porque no lo remitió al Congreso para ser tratado.
Los fabricantes, ante el veto presidencial, subieron los precios, debido a los compromisos con los bancos y créditos particulares y por la prohibición de exportar. Y los superstocks, fueron almacenados en los ingenios o en otros depósitos, para esperar un cambio de política, o como garantía de créditos bancarios. Posteriormente, las presiones tuvieron éxito, pues Yrigoyen, permitió la venta al exterior de 100.000 tns., dejando los industriales 20.000 tns., como garantía para la estabilidad del precio del azúcar.
Y finalmente, aquella ley viciada por el veto parcial, va a ser anulada al año siguiente (1921), restableciéndose la vigencia de la Ley 8877.[18]     

 3.2. Conflictos en la política provincial: Octaviano Vera ¿reformador social? (1920-23)

Octaviano S. Vera, era procurador judicial, y estuvo enrolado en la Unión Popular, grupo político de los industriales azucareros que se oponía al “luquismo” (Lucas Córdoba). En 1912, se unió a la U.C.R., y en 1918 reunía la doble condición de diputado provincial y nacional, hecho permitido por la Constitución tucumana.
Entre los proyectos del diputado Vera presentados en el Congreso, figuraba la creación de tres ingenios azucareros por cuenta del Estado, para que molieran caña de los cañeros independientes, no requerida por las fábricas privadas. Apoyó en 1917, la candidatura de Bascary, aunque luego se apartó, formando el 30 de agosto de 1920, su propia línea interna, enfrentada al “bascarismo”. Su candidatura a gobernador fue resistida por Francisco Beiró, presidente del Comité Nacional del Radicalismo, y por el mismo Yrigoyen. Él, estaba alineado al radicalismo “azul”, y su campaña política fue costeada, por industriales y terratenientes azucareros, entre ellos, Ramón Paz-Posse, Pedro G. Sal y Vicente C. Gallo.
Entre las primeras medidas de Vera, al asumir como gobernador en 1922, fue el nombramiento como abogado de la provincia, en Buenos Aires, del senador nacional por Capital Federal V. C. Gallo, quién luego sería candidato antiyrigoyenista a la vicepresidencia de la nación.
En 1923, se sumaron varios factores críticos: acumulación de stocks desde 1919, saturación del mercado interno, bajos precios y, superproducción. Y en medio de este panorama, Vera va a intentar establecer una legislación social. Y tuvo que retroceder ante la acción concertada de industriales y grandes cañeros, que presionaron para reprimir el movimiento huelguístico de junio de 1923, Éste fue una consecuencia de la negativa de la aristocracia azucarera de aumentar los jornales y limitar las jornadas laborales. Vera, partió de una falsa premisa: creyó, que podía vencer a los industriales... e intentó todos las formas para llegar a ese objetivo. 
Las “leyes obreras” de salario mínimo y jornada máxima de 8 horas, y la huelga de 1923, quedaron como un hito reivindicatorio para el futuro; y como un acto temido y crítico para los empresarios. El fracaso de la huelga se debió a que el Centro Cañero se unió al Centro Azucarero, para exigir el fin del movimiento de fuerza; y a la falta de coordinación y de apoyo de una fuerza política, a pesar de que algunos funcionarios del gobierno “verista”, juzgaron justos sus reclamos.
Vista la oposición de conservadores y neo-radicales, el gobernador realizó maniobras para tener quórum propio, utilizando a la fuerza policial para detener a los diputados opositores. Así, pudo sancionar las siguientes leyes: ley del presupuesto, nuevo impuesto a la molienda, leyes de salario mínimo y jornada máxima de trabajo, multa de 1.000 pesos diarios, a las fábricas que intentaran un “lock-out” de protesta y aprobación del veto del gobernador a la ley de contabilidad.[19]

3.3. Crisis política, empresarios y huelga cañera

El 19 de mayo, comenzó el movimiento de huelgas en el ingenio Santa Ana de la Cía Hileret, en donde los obreros solicitaron mejoras salariales. Por estos conflictos, el C.A.R.T., envió un telegrama al ministro del Interior José N. Matienzo, el 5 de junio. A su vez, se desarrollaba una campaña de prensa contra el gobernador, especialmente por el diario “El Orden”. Y en el interior del grupo “verista”, se manifestaron disensiones, como la de Pedro L. Cornet (C.C.), que en junio de 1923, anunció su adhesión al antipersonalismo, pero sin Vera.[20] En consecuencia, fue intervenido el gobierno tucumano, en noviembre de 1923, siendo separado  el gobernador de su cargo. Además hubo un conflicto entre el ministro Matienzo y el interventor federal Gondra, renunciando el primero. Entonces Alvear, designó como ministro del Interior a Vicente C. Gallo. 
Ante los sucesos políticos que se producían en Tucumán, la Cámara de Diputados de la Nación resolvió, nombrar una comisión de cinco miembros, para que estudie la  “... situación de los plantadores y obreros...”, de la industria azucarera, y aconseje las medidas que creyere convenientes.[21]
Finalmente, ¿cuáles fueron los motivos de la fuerte oposición de los empresarios azucareros a las “reformas sociales” de Vera? Aparte del proceder ilegal de este gobernador, al forzar la aprobación de su legislación, ineludiblemente, era otro el problema. Los empresarios sentían, que con la aplicación de la reglamentación del trabajo, aumentaría el costo laboral disminuyendo sus beneficios.
Por su parte el C. Cañero, realizó una acción simultánea de presión: a los poderes nacionales y provinciales. Juan José Iramain y P. L. Cornet se entrevistaron el 25 de marzo, con el gobernador Vera, en donde le propusieron: “... que adoptase una ley que obligue a los fabricantes a pagar un precio razonable por la materia prima”.[22]
En abril de 1923, el organismo nacional que nucleaba a los fabricantes azucareros, sufrió una reestructuración. El Centro Azucarero Argentino, se reestructuró para coordinar medidas con la finalidad de bloquear la “legislación obrera” de Tucumán y quizá, con el peligro de que se extendiera la cuestión social a otros centros agroindustriales. El   ahora Centro Azucarero Nacional (C.A.N.), proponía crear comisiones regionales en los centros azucareros, que tuvieran por lo menos tres fábricas de azúcar.
Otras medidas concretadas por los empresarios, fue constituir la Bolsa de la Producción Argentina (B.P.A.), en ese mismo mes. Ésta presidida por Rómulo Naón, cuya misión era “defender la industria azucarera argentina”. Pero su real actividad se analiza, con la creación el 21 de abril, de la Cámara Gremial del Mercado de Azúcar a Término, siendo su función, la de fiscalizar las operaciones comerciales; y estaba integrada por: cuatro fabricantes, dos cañeros, dos “almaceneros” mayoristas y, dos corredores de azúcar.
El gobierno tucumano, intentó aplicar las leyes laborales sancionadas el 24 de marzo, estableciendo como medio de control de la jornada máxima de 8 horas (art. 5°), el Departamento del Trabajo (art. 3°). Se realizarían inspecciones generales o parciales por aquél organismo (art. 14°)  y se permitía el allanamiento por orden del juez competente (art. 15°); esto golpeaba la “autonomía” de los ingenios.
 El resultado de la aplicación del nuevo impuesto a la caña, fue la gran protesta de los “cañeros”, que en cantidad de dos mil, se quejaron de ese gravamen, (2 ctvs. por 10 kgs. de caña).[23]
Y los industriales desafiaron al gobernador, no aplicando las “leyes obreras”. Vera, se vió desbordado por los acontecimientos. Quizá pensó que el presidente Alvear, apoyaba sus reformas, pero estaba sólo. Si examinamos el comportamiento de los empresarios azucareros ante la huelga de 1923, se apreciará, que no fue homógeneo, si hubieron dos actitudes:
a) de oposición: los industriales tucumanos que seguían a Alfredo Guzmán, que se había aliado al vicepresidente del C.A.N. y administrador de la C.A.T.  J. M. Landajo (grupo Tornquist), decidieron no negociar e ir al paro industrial
b) de concertación: el ingenio Santa Ana de la Cía. Hileret, realizó un acuerdo entre la comisión obrera y el apoderado de la fábrica.
Los sucesos protagonizados por los trabajadores-cañeros en la provincia norteña,  se llevaron a cabo a través de  diferentes modalidades: actos de sabotaje, toma de ingenios, destrucciones de cañaverales; y un hecho llamativo, la participación de los policías del lado de los huelguistas. La pasividad de Vera, demostraba su simpatía con la causa cañera. Por la magnitud del conflicto, las fuerzas policiales fueron incapaces de garantizar la seguridad de las fábricas y del trabajo. Entonces, se produjo la intervención de las fuerzas nacionales dirigidas por el Gral. Belloni, que restableció el statu quo en la provincia.
Si evaluamos las jornadas de huelga, veremos que produjeron un daño económico a los industriales, resultando una zafra insuficiente por la caña que no se pudo cosechar, junto al muy bajo rendimiento que alcanzó un 4% .
La reacción empresaria fue la reorganización del Centro Azucarero (C.A.N.), que se efectuó para mejorar la supervisión de los centros productores. Y para dirigir de una manera más eficiente a la industria, se crearon comisiones regionales “estables”: 1° en Tucumán, 2°  en Salta y Jujuy, y, 3° en Santa Fe, Corrientes y Chaco.[24]
Los recientes conflictos obreros, operaron modificaciones en la conducta de los empresarios. Alfredo Guzmán, como presidente de la  Comisión Regional, expresó la necesidad de solidaridad entre los industriales tucumanos, para desarrollar una acción conjunta. Se pasó de la acción particular, a una estrategia concertada , conducida por una organización sectorial (C.A.N.). Guzmán, propuso como programa de acción del C.A.R.T.: fomentar otros estudios contando con el aporte de la Estación Experimental, velar por los intereses de los industriales, y realizar gestiones ante los poderes públicos y empresas ferroviarias.[25]
¿Qué hizo el Centro Cañero?, se alió al Centro Azucarero Regional , porque no estaba de acuerdo con los procedimientos de los huelguistas, pero sí con las reivindicaciones sociales. Otra acción de los industriales, fue la de entrar en la U.I.A., creándose una sección llamada “Refinería e Ingenios de Azúcar” y  teniendo como representantes en el Consejo Directivo, a Pedro Bercetche (ingenio San Martín del Tabacal, Salta) y a Javier Padilla (ingenio Mercedes-Tucumán). El ingreso de estos empresarios amplió los canales de presión, promoviendo que el Congreso elaborara una legislación proteccionista de la industria azucarera.[26]
Otro de los efectos de la transformación del Centro Azucarero y de su inserción en el ámbito industrial del litoral (U.I.A.), fue el cambio de nombre de la publicación “Revista Azucarera”, que se llamará a partir de 1924, “La Industria Azucarera”. Ésta aumentará la cantidad de secciones, abarcando otros cultivos industriales, opiniones de la U.I.A., de sectores nacionalistas como la Liga Patriótica y de Augusto Bunge.[27]
El interventor federal Dr. Gondra, fue ayudado por los industriales, quiénes le prestaron 2.000.000 pesos, para el pago de la administración pública, a cuenta del impuesto de  la cosecha de 1924. Mientras tanto, una de las fracciones radicales, encabezada por el diputado nacional Antonio B. Toledo (U.C.R.), le pidió al interventor, que hiciera cumplir las “leyes obreras”, de jornada máxima de ocho horas y de salario mínimo de 4,20 pesos. Pero Gondra no las aplicó, porque estaba alineado con el sector industrial.[28]
Se avecinaban las elecciones a gobernador y la crisis en la U.C.R. era muy intensa, al punto que se había dividido en seis fracciones Esta situación se pudo subsanar encontrando un candidato nucleador, Miguel M. Campero, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Llegaron las elecciones y triunfó el Radicalismo frente al Partido Liberal y al P. Socialista. El Dr. M. M. Campero, gobernaría durante el período 1924-1928.[29]

IV. De la intervención a la regulación permanente en la industria (1925-29)

4.1.Superproducción: accionar político, productores y empresarios

Con la zafra de 1925, se produjo otra crisis de superproducción.. Ésta tendrá sus repercusiones económicas, financieras, sociales y políticas.
Los empresarios, propusieron a través del C.A.N., seguir el modelo cubano de limitación productiva. Y el C.A.R.T. solicitó al gobierno nacional la modificación de la política aduanera, para impedir que el exceso mundial de azúcar, se volcara en la Argentina con las previsibles consecuencias.
La Federación Agraria Argentina (F.A.A.), desembarcó en Tucumán, y su acción provocó importantes cambios en el ámbito cañero, buscando la adhesión de los pequeños y medianos cañeros que no se sentían representados en el Centro Cañero. Logrando que se afiliaran, los “agricultores-cañeros” en diciembre de 1926. Creándose veintiséis seccionales, cuyo consejo directivo estaba radicado en San Miguel de Tucumán, y la central en Rosario, Santa Fe (sede de la F.A.A.).
El mes de enero de 1927, marcó el inicio de otro conflicto cañero-industrial, por el precio de la materia prima. Pero que iría acompañado de un conjunto de reivindicaciones socio-económicas, difíciles de resolver por la coyuntura de superproducción.[30]
¿Qué hizo el Estado con la industria azucarera? La evaluación gubernamental no era uniforme. El mantenimiento de hechos ilegales por parte del sector fabricante, lo manifestó el Ing. Marotta, quien era director de Laboratorios Químicos del Ministerio de Agricultura de la Nación, que pidió la “intervención estatal”, para controlar desde las básculas hasta las transacciones comerciales entre cañeros independientes y fabricantes, para suprimir los “abusos” que cometían los empresarios. La réplica empresaria, fue considerar la intervención gubernamental, como una violación de sus derechos constitucionales.[31]
 En Tucumán, la situación permanecía muy tirante, porque los fabricantes se negaban a aumentar el precio de la caña, argumentando que el excedente no se podía exportar, y que la responsabilidad de la crisis superproductiva, era de los cañeros independientes que aumentaban todos los años el área de cultivo. Proponiendo como solución, que éstos plantaran menos caña, y que posteriormente salieran del circuito azucarero.
La Caja Popular de Ahorros, por ley provincial del 9 de marzo de 1927, apoyó financieramente la creación de una sociedad cooperativa en Monteros, que iba a moler su propia caña. haciéndose realidad el apoyo del gobernador Campero a los cañeros.  La solución restrictiva, propuesta por los industriales no fue aceptada por los cañeros independientes. Y como el asunto no progresaba, los cañeros decidieron no entregar caña de la próxima zafra, hasta tanto no se fijara un precio equitativo.
El problema cañero-industrial, mostró que los principales diarios argentinos tomaron partido, mientras “La Prensa”, defendía la lucha de los cañeros por modificar las relaciones contractuales, y la búsqueda de un precio justo para su producción; “La Nación”, publicaba artículos a favor del sector industrial, y criticaba al gobierno nacional por estar presente a través de un delegado oficial (Dr. Medina), en los “mitines” de los cañeros.
Existieron intentos, para acercar posiciones entre ambos sectores. Como la iniciativa del Ing. Aubone, director de Comercio e Industria del M. A., que quería conciliar los intereses de los gremios de plantadores de caña y fabricantes de azúcar, creando organismos reguladores del precio de la caña, de los que formarían parte sus representantes, es decir, un proyecto de “cámaras gremiales”. El ministro de Agricultura, aprobó este planteo, y en consecuencia, fue propuesto a los gobiernos de Tucumán, Salta y Jujuy. El gobierno tucumano, aceptó el proyecto del Ing. Aubone y lo convirtió en ley, créandose la “Cámara Gremial de Productores de Azúcar”, y la “Comisión Arbitral” que debería laudar en todos los juicios sobre cumplimiento de contratos de compra-venta de caña celebrados entre sus afiliados.
Pero los intentos políticos fueron infructuosos, ante la intransigencia  de las posiciones. Entonces, el 17 de mayo de 1927, veintitrés seccionales de la F.A.A., a causa de las “desastrosas liquidaciones a agricultores cañeros de la provincia”, resolvieron declarar la huelga por tiempo indeterminado.
La huelga de los cañeros, no era exclusivamente por un “precio justo” de la materia prima; detrás de este hecho comercial estaba anclada toda la problemática azucarera. Un conjunto de reivindicaciones socio-económicas, administrativas y técnicas, que venían siendo postergadas desde la huelga de 1904, pasando por los sucesos de 1923, y que mantenían de hecho, privilegios y ventajas para la élite industrial, como no ver la pesada de su caña, la creencia que las balanzas estaban arregladas, el abuso de las proveedurías de ingenio ...
Durante la década de 1920, se extendieron los laboratorios químicos en todos los ingenios, que sacaban el rendimiento sacarino de la caña comprada al cañero, que estaba a merced del fabricante
Según el Informe Medina, existían muchos pequeños cañeros, alcanzando al 89% los cultivadores que estaban en esta categoría, estando parte de ellos a nivel de subsistencia (parvifundio) y las condiciones de vivienda, higiene, salud,... eran en líneas generales, deplorables, produciéndose una alta mortalidad infantil, además de los accidentes de trabajo
Los huelguistas tuvieron un gran éxito en su acción obstruccionista, produciendo el cierre transitorio de cuatro fábricas: B. Vista, Santa Rosa, Los Ralos y San Antonio.
El 23 de mayo, se reunieron los fabricantes nucleados en el C.A.R.T., y decidieron, el cierre de las fábricas por tiempo indeterminado, hasta que hubiese garantías, o se normalizara la situación. Éstos, seguían sin reconocer a la Federación Agraria, para negociar, e insistían, en “someter el asunto a un arbitraje directo con los cañeros.”
Distinta fue la reacción del gobierno nacional. El M.A., ofreció su mediación, y reconoció a la F.A.A. como representante de los cañeros tucumanos. La posición de esta entidad agraria, fue crítica, expresando el  “... desamparo en que se encuentran (los cañeros) por los procedimientos sin contralor de los propietarios de ingenios.” En este tono, Campero planteó, que la única solución era el arbitraje y se ofreció como mediador. Esta proposición fue aceptada por los cañeros de la F.A.A., pero rechazada por la C.A.R.T. Y también se negó a reprimir la huelga, como querían los empresarios, pero sí mandó la fuerza policial a cuidar la propiedad y garantir el derecho al trabajo, pero era insuficiente para controlar a más de 2.000 manifestantes.
Para destrabar el conflicto, la F.A.A., le propuso a Guzmán “un precio uniforme”, idea que también fue rechazada. El 30 de mayo, una delegación de cañeros, acompañado por el Dr. Ferrarotti (asesor legal de la F.A.A.), se entrevistó con el Presidente Alvear, para plantearle esta problemática. Mientras que los industriales, insistían en la intervención federal, ante el estado de “rebelión” de los cañeros tucumanos, que con su accionar, retrasaban la molienda, con las consiguientes pérdidas para aquel sector.
La realidad demostró que la huelga de mayo de 1927, no era un hecho “artificial”, inventado por la F.A.A., como lo repetían los industriales. El éxito por primera vez, estuvo del lado de trabajadores y cañeros independientes.
El Centro Azucarero, a pesar de todo su poder, no pudo ganar, ante la inteligente estrategia desarrollada por los cañeros de la F.A.A., que desplegaron una ardua labor en defensa de sus intereses, en círculos provinciales y nacionales. Lo fundamental de su triunfo, fue que al introducir una institución agraria de la región del litoral, en la problemática azucarera tucumana, el problema cañero-industrial, salió del ámbito local y regional, para adquirir connotaciones nacionales. Otro factor, fue la planificación del movimiento social, con una serie de tácticas, para impedir la molienda; el boicot que se articuló a través de ataques a las fábricas, y a los medios de transporte (convoyes y carretas), golpeó duramente a la industria azucarera, provocando la paralización económica provincial.[32]
Entonces, ante ambos gremios, le pidieron al presidente Alvear su intervención como árbitro.
Toda esta problemática, estaba siendo estudiada por los funcionarios del  M.A., y su informe sobre el precio de la zafra de 1926, constituyó la base del laudo presidencial.
 Finalmente para solucionar el problema azucarero, se va a iniciar la intensificación de la intervención estatal provincial y especialmente nacional, construyendo un modelo de un Estado regulador, que actuase permanentemente, y en todas las fases de la industria. En consecuencia, se proyectarán dos leyes reguladoras de la producción en Tucumán, la de 1927 no aplicada, y la del 21 de junio de 1928; la sanción de las Cámaras gremiales, y fundamentalmente el Laudo Alvear de 1928.
Por las circunstancias socioeconómicas y políticas que atravesaba la provincia, obligaron al P.E.N. a realizar un laudo parcial, que enfocó algunos problemas puntuales. El laudo arbitral, se estableció con carácter inapelable, como previamente lo habían requerido a ambas partes al Presidente Alvear.
 Los fabricantes, se sintieron agraviados por el fallo del 14 de septiembre, debido a que tenían que comprar la caña a un “precio fijo”, y moler “toda la caña” del cultivador. Además del control estatal sobre balanzas y libros de ingenio. Y principalmente, se anulaban los contratos de compra-venta. Se golpeó el poder de los industriales en su forma operativa, y esto conformaba una política reguladora que el tiempo diría si daba los resultados deseados por el Estado.
Los empresarios aceptaron “bajo protesta” cumplir con el compromiso adquirido con el árbitro. Y apoyaron las propuestas del gobierno provincial, de crear cooperativas de cañeros.[33]
El laudo de 1927, representó una solución inmediata y de carácter transitorio, mientras los técnicos del gobierno nacional, preparaban el laudo definitivo. Y para seguir estudiando esta cuestión fue enviado el secretario del árbitro, el Dr. Rodolfo Medina, que se reunió con representantes de ambos gremios, para buscar posibles salidas legales, que tendieran a normalizar la difícil situación derivada de la superproducción. Enfocando no sólo el problema cañero-industrial, sino que ampliando el espectro de estudio a otras cuestiones: como el standard de vida de los trabajadores y productores de caña y obreros fabriles, el régimen de crédito y condiciones de higiene de la población vinculada a esta agroindustria.[34]
En esta coyuntura de crisis, la convención del Radicalismo, celebrada el 15 de marzo de ese año, le exigió al candidato radical “yrigoyenista” Ing. José G. Sortheix como programa de gobierno, el cumplimiento de las leyes de salario mínimo y jornada máxima de 8 horas, y la asistencia médica en los ingenios. Ante esta proclama “reivindicatoria”, los “señores del azúcar” reaccionaron, considerándola un castigo para la industria, porque la política social  aumentaría los costos agroindustriales.[35]

4.2. Laudo Alvear

El 11 de mayo de 1928, se dictó el Laudo definitivo. Entre las normas dictadas estaban: la liquidación de la materia prima en relación directa con el rendimiento comercial, es decir, con el porcentaje de azúcar contenido “realmente” en la caña; y que el producto de la comercialización, se distribuyera por mitades entre cañeros e industriales.
Con respecto al sistema de liquidaciones, se fijaron dos sistemas:
a) liquidación individual: el rendimiento individual de la caña, si es de superior calidad, beneficiaba al productor
b) liquidación general: los rendimientos de las entregas individuales de cada cañero, se suman, y de allí se saca el porcentaje general de rendimiento. Ésto, podía perjudicar al productor que tuviera mejor caña. o beneficiaba a los cultivadores que traían caña de inferior calidad, y la sumatoria con cañas de mejor rinde, elevaba el rendimiento general, subiendo el porcentaje y por ende, el precio.
Otras normas, implicaron un reconocimiento a viejas reivindicaciones del sector cañero:
a) que pudieran controlar las operaciones comerciales en las fábricas (cargada, pesada y merma)
b) la fiscalización por parte de los organismos oficiales de todas las etapas de la industria
c) intervención en los contratos de compra-venta
d) supervisión de la Estación Experimental, para los análisis químicos
e) inspección y arreglo de las básculas de las fábricas.
Los cañeros y fabricantes, adoptaron como “contrato único”, las bases contractuales señaladas en el Laudo Alvear. Y ante cualquier problema de “interpretación”, se debía consultar al secretario arbitral Dr. Medina, subdirector general de Comercio e Industria. En consonancia con los esfuerzos a nivel nacional que se hacían para normalizar la industria, se dictó en Tucumán, una nueva ley azucarera el 21 de junio de 1928. Esta ley provincial, limitaba la producción al 70% del azúcar producido en 1926, para el período 1928-30. Y autorizaba la exportación del 20%. Restricción que fue aplicada por igual a cañeros de ingenio y  productores. [36]

4.3. Planes alternativos para salir de la crisis: ¿cuál debía ser la solución argentina?

Existía coincidencia entre empresarios y políticos de Tucumán, en que se debería organizar la limitación productiva a nivel nacional. Junto a la defensa aduanera para protegerse del azúcar importado, alentar oficialmente la diversificación de cultivos para reducir el área cañera; y realizar una campaña de propaganda, para disminuir el consumo de azúcar, tal como sucedió en EE.UU. y Alemania. Los industriales, acusaban como el “... factor de resistencia a la solución... está representado por los cañeros...”, que presionaban al  Presidente Yrigoyen (diciembre de 1928), para que moliese toda su caña, y que haya más azúcar.
El fracaso de la política limitativa del principal centro productor, se debió a que los ingenios de las otras provincias azucareras, salvo el Esperanza de Leach, boicotearon el esfuerzo que realizaban los empresarios tucumanos, aumentando la extensión de sus plantaciones y su capacidad de molienda. En cuanto a los precios, el azúcar desde 1925, experimentó una importante baja. Y el flete ferroviario para transportar la producción, sufrió una fuerte suba. Por ello, el C.A.N., empezó tratativas con las empresas ferroviarias, para que redujeran las tarifas.[37]
El mercado argentino estuvo saturado de azúcar durante esos cinco años, junto a cosechas récords se fueron sumando los superstocks remantes de otras zafras y eso se tradujo en promedios anuales menores a los 4 pesos (10 kgs.).   
En plena crisis, el gobernador Sortheix, planteaba la “policultura”, es decir, la extensión de cultivos tales como la yerba mate, arroz, tabaco. Su administración, continuó promoviendo los proyectos cooperativos, y el 8 de junio de 1929, se inauguró, el segundo ingenio para cañeros independientes, llamado Ñuñorco, que junto al Marapa, fueron financiados por la Caja Popular de Ahorros y el Banco de la Provincia de Tucumán.[38]
La Refinería Hileret de la Capital Federal, se opuso al pedido del gobernador Sortheix y del C.A.N. al Presidente Yrigoyen, de aumentar los derechos aduaneros, porque ello, provocaría la desaparición de las dos refinerías instaladas en la capital porteña,  que se proveían de azúcar importada,  “... y la formación del consiguiente trust.” La otra empresa refinadora se llamaba “Refinería de Buenos Aires” de Georges Hemmerló.
El presidente del C.A.N. Ambrosio Nougués y Sortheix, consideraban el éxito local de la regulación productiva, que alcanzaba al 73% de la molienda de 1926, pero el esfuerzo de las fábricas tucumanas, no era imitado por los otros ingenios del país. Circunstancia que demostraba la falta de unión y solidaridad, entre los empresarios azucareros.[39]
Ante este situación, y a través de sus gremios C.C. , F.A.A. y C.A.N., le solicitaron a Yrigoyen, que hiciera gestiones para que los productores de Salta y Jujuy, redujeran el 30% de su producción.
La C.A.T., no estaba del todo del lado de los productores tucumanos, y esto se aprecia, en la presión a Sortheix, para que anulase un decreto del gobernador anterior (Campero) del 30 de diciembre de 1927, en el que se había prohibido la refinación de azúcares brutos fuera de la provincia, éste estuvo de acuerdo, y decretó su anulación el 3 de julio de 1929, considerando las graves dificultades económicas de las fábricas, que no se encontraban en condiciones de refinar o de hacer “granulada”, aclaremos que nueve ingenios tenían refinerías y eran independientes del grupo Tornquist, excepción de las cinco fábricas de la C.A.T. .[40]
En este marco, los proyectos de establecer ingenios con remolacha azucarera, se hicieron realidad. En febrero de 1929, el ingenio San Lorenzo de Conesa, Río Negro, realizó la primera zafra de este cultivo en la Argentina. Y el 10 de mayo de 1929, se inauguró la S.A. Azucarera de Cuyo, en San Juan.[41]

V. Reflexiones finales

Este ensayo ha pretendido demostrar que existió una “lucha” por momentos muy ardorosa, entre los empresarios azucareros y los demás actores sociales (cañeros, Estado), que quisieran bajar su nivel de rentabilidad y cuestionar sus privilegios políticos y organización del trabajo. Y que tampoco los empresarios actuaron en forma monolítica, existiendo enfrentamientos internos.

La ley Sáenz Peña trajo vientos de cambio, y entonces de las filas conservadoras se produjo una escisión que se integrará a la nueva fuerza. Como se aprecia, las relaciones azucareras en la etapa democrática incrementarán la conflictividad política y social. El “yrigonismo” sumado a la viejas prácticas hegemónicas, querrá destruir el “Estado azucarero tucumano” junto a su política de defensa del consumidor del litoral para mantener su clientela electoral.[42] Se debe rescatar la acción “obrerista” del gobernador radical Octaviano Vera, hombre que procedía de una familia campesina del sur tucumano y que luchó por mejorar las condiciones de vida de los cañeros, sin importarle que le daba la espalda a los políticos e industriales que lo habían apoyado.

El “antiguo régimen” como decía José Ignacio Aráoz debía reorganizarse para enfrentar al Partido Radical y volver a ser gobierno.[43] Pero no tuvieron éxito el poder político, pero sí lucharon denodadamente contra todo ataque del poder político sobre la industria azucarera. Los “nuevos” radicales pertenecientes a la élite industrial, lograron sucesivas intervenciones a Tucumán. Como odiaban la “política obrerista” de Yrigoyen se adhirieron al “alvearismo”. El nivel de conflictividad cañero fue nacionalizado por la acción directa  de la F.A.A., entidad agraria santafecina, que reorganizó a los pequeños y medianos cañeros, entonces, el gobierno nacional intervino directamente creando un mecanismo de concertación perdurable, el Laudo Alvear de 1928, verdadero Estatuto azucarero que afectó todas las etapas de las relaciones cañero-industriales. A su vez, los gobernadores del N.O.A. desde 1927 intentaron constituir un bloque regional para defensa de la industria azucarera de acuerdo al parámetro del consumo interno, esto recién lo lograron en agosto de 1930, a días del golpe de estado del 30 de septiembre. Allí, se apreció un nuevo liderazgo, el del gobernador jujeño Benjamín Villafañe,  (Noemí Girbal, 1994) y el retroceso del rol protagónico de la élite tucumana muy afectada por las condiciones que les impuso el Laudo Alvear.[44] Este instrumento federal no sólo blanqueó las relaciones entre los principales actores, sino que buscó la protección de los pequeños y medianos cañeros. Pero esto provocó una “explosión cañera” agudizándose el cuadro social.  La irrupción de los cañeros independientes como gremio, cambió las reglas en el negocio azucarero, y los gobiernos radicales a nivel provincial y nacional tuvieron su responsabilidad.
Finalmente, sólo algunos dirigentes “ilustrados”, propusieron salir de la economía monoproductora, para terminar con la dependencia azucarera y solucionar los graves problemas sociales de la enorme masa cañera que vivía en condiciones de parvifundio. En vez de ello, la mayoría, incluso el Estado provincial siguió apostando al azúcar, creando ingenios cooperativos para los cañeros.
Quedan dos símbolos de aquella época el Laudo Alvear y las Cámaras gremiales creadas a su amparo, junto a la decadencia, cierre y desguace de la Refinería Argentina, ésta parte de un ambicioso plan monopólico que duró cuarenta años y que fue vencida por la resistencia de los industriales tucumanos.[45]












[1]   Ponencia presentada en las III  JORNADAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIALES, organizadas por PIEA, Facultad de Ciencias Económicas, UBA, noviembre de 2003. Se agradece a moderadores y público participante por sus importantes comentarios, y luego, a otros investigadores que leyeron este primer trabajo.
[2]   Mases,analiza la experiencia “fallida” de llevar a trabajar a Tucumán, a 500 pampas y ranqueles en 1879, dados a los industriales azucareros por su “amigo” el Gral. J. A. Roca, en: Mases, Enrique H.: "Consecuencias socio-económicas de la conquista del desierto  (Pampas y Ranqueles en la historia azucarera tucumana, 1878-79)”, Cuadernos de Historia Regional, Nº 10, vol. IV, diciembre, U.N.Luján, 1987, pp. 100-107. Y D. Guy, Política azucarera argentina: Tucumán y la Generación del 80, Tucumán, Banco Comercial del Norte, 1981, pp. 43-44.
[3]  La legislación provincial apuntaba al "control social": inmovilización de la mano de obra. Se  reglamentó el trabajo forzado, y a pesar de que el gobernador Lucas Córdoba lo derogó la "ley de conchabos" en 1896, siguió como "ley negra" hasta que se instituyó el art. 34 de la Constitución de 1907 (reglamentación  del trabajo y salubridad en las fábricas). Para ampliar esta cuestión ver: Bialet Massé, Juan: Informe sobre el estado de la clase obrera del interior de la República (1904), Bs. As., Hispamérica, II tomo, 1986;Giménez Zapiola, Marcos:"El interior argentino y el desarrollo hacia afuera: el caso de Tucumán”, en: Giménez Zapiola, Marcos (comp.), El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina (hasta 1930), Bs. As., Amorrortu Ed., 1975, p. 107. Pucci, Roberto: "Tucumán, 1880-1917: su estructura económica-social.  Pautas para una interpretación del 'despegue azucarero'", Cuadernos de Historia Regional n° 5, vol. II, abril, U.N.Luján, 1986. Monner Sans,  María Inés de: "El triunfo radical en Tucumán", Todo es Historia , N° 263, mayo, 1989, pp. 43-44. Guy, D., ibíd., pp. 2-45. Campi, Daniel: “Notas sobre la gestación del mercado de trabajo en Tucumán (1800-1870)” Población y Sociedad. Tucumán, diciembre 1997, Nº 5, 133-163, y  en: “Captación forzosa de mano de obra y trabajo asalariado en Tucumán, 1856-1896”, Anuario IEHS, Universidad del Centro de Bs. As., Tandil, Nº 8, 1993, pp. 47-71.
[4] Revista Azucarera, Nº 158, febrero, 1916, p.15. Y se exportan 64.690  y 53.823 tns. de azúcar a Gran Bretaña y Uruguay respectivamente. Compañía Azucarera Tucumana: Informe al Sr. Pétrement, Ataché Comercial de Bélgica, (tema: estado de la industria azucarera entre 1910 y 1918), 7 de junio de 1918, p. 2.
[5] Ibíd., Nº 160, abril, 1916, p. 49. Rosenzvaig, realiza una interpretación particular sobre la crisis biológica de la caña criolla: “... En esos años de retracción se producirá la degeneración de la caña criolla (...) ¿Pero sucedió así realmente?”, ),  focalizando su análisis en las maniobras de los empresarios en operaciones de exportación-importación; en: Rosenzvaig, Eduardo: Historia social de Tucumán y del Azúcar. Tucumán, UNT, tomo II, 1987, p. 203.
[6] Ibíd., Nº 161, mayo, 1916, pp. 62-63.
[7] Ibíd., p. 67.
[8] Ibíd. Nº 162, junio, 1916, p. 84 y 87.
[9] Monitor de Sociedades Anónimas, Nº 123, pp. 8-9.
[10] Revista Azucarera, Nº 130, agosto, 1916, pp. 58-59; e ibíd., Nº 155, septiembre, 1918, p. 98.
[11] Páez de la Torre, Carlos (h), “Octaviano S. Vera, un tucumano radical”, Todo es Historia, Nº 105, febrero, 1976, p. 15.
[12] Monner Sans, María Inés de, “El triunfo radical en Tucumán”, Todo es Historia, Nº 263, mayo, 1989, pp. 44 y passim.
[13] Páez de la Torre, C., op. cit., pp. 9-11.
[14] (Entrevista) Hagemann, Máximo: “La industria azucarera en Tucumán”, La Época, Bs. As., 8 de mayo de 1919.
[15] Revista Azucarera, Nº 193, enero, 1919, p. 2, y pp. 8-9.
[16] Ibíd., Nº 194, febrero, 1919, p. 37.
[17] Ibíd., N° 204, diciembre, 1919, pp. 359-66: La industria azucarera, según el despacho por la minoría de la Comisión investigadora de Diputados, constituye un "trust", pues se encuentra en todas y cada una de las combinaciones, mientras que para el C.A.A., en ninguna. Los industriales reconocen "...que la Refinería Argentina dá los precios del azúcar y que a estos precios se ajustan los demás fabricantes."    
[18] Ibíd., Nº 206, febrero, 1920, pp. 38-58 y Páez de la Torre, ibíd., p. 10.
[19] Ibíd., pág. 10. En las elecciones a gobernador, el Radicalismo se presentó dividido. Octaviano S. Vera, que era candidato de la U.C.R. " Azul"(antiyrigoyenista) y que provenía de una familia campesina de Medinas (departamento de Chicligasta), y utilizó "la alpargata", símbolo del campesinado. Por ello, se vieron en las calles de Tucumán, miles de cañeros sosteniendo a modo de lanza, una caña... y coronadas con la "alpargata". Ibíd., p. 11 y passim.
[20] Ibíd., p. 24.
[21] Ibíd., Nº 241, enero, 1923, p. 2.
[22] Ibíd., Nº 243, marzo, 1923, p. 70.
[23] Ibíd., N° 244, abril, 1923, pp. 97-103 Integrantes de la Cámara Gremial del Mercado de Azúcar a Término, titulares: Ambrosio A. Nougués, Ramón Paz Posse, José M. Landajo, E. Otto Mallmann, Ambrosio Romero, Angel Paz, Rómulo Forchieri, Manuel B. Sasso, Andrés C. Scotto y César Taglioretti; suplentes: Pedro F. Mosoteguy, Manuel Paz, Manuel García Fernández, Javier Padilla, Hälmar Lassen, Federico Helguera (h), Pío Leveratto, Agustín Bottaro, Luis Battilana y Remo Pietranera. Ibíd., p.107. 
[24] Ibíd., Nº 245, mayo, 1923, pp 126-140. Véase también en: Santamaría D., Azúcar y Sociedad en el Noroeste Argentino, ibíd., pp. 73-79 y Las huelgas azucareras de Tucumán, 1923, ibíd., pp.87-97.
[25] Ibíd., Nº 247, julio, 1923, p. 185.
[26] Ibíd., Nº 248, agosto, 1923, pp. 222-226.
[27] Industria Azucarera, Nº  363, enero, 1924.
[28] Ibíd., Nº 365, marzo, 1924, p. 151.
[29] Páez de la Torre, C.: Historia de Tucumán, Bs. As., Editorial Plus Ultra, 1987, p. 627.
[30] Industria Azucarera, año XXXII, Nº 399, enero, 1927, pp. 2, 32, 45 y 77.
[31] Ibíd., Nº 401, marzo, 1927, p. 175.
[32] Industria Azucarera, Nº 403, mayo, 1927, pp. 365-373. . Organismos creados durante la administración radical (1917-30): el 16 de mayo de 1920, se crea la Sociedad de Empleados de la Industria Azucarera de Ayuda Mutua. El 16 de Ley del 5 de julio de 1927, la Cámara Gremial de Productores de Azúcar de Tucumán; y el 15 de abril de 1928, la Asociación de Agrónomos y Técnicos Azucareros. Citado en: Schleh, E. J., El Azúcar en la Argentina, Cesarini Hnos. Editores, Bs. As., 1953, pp. 110-115.
[33] Ibíd., Nº 410, diciembre, 1927, pp. 1121-22.
[34] Ibíd., Nº 413, marzo, 1928, p. 178.
[35] Santamaría, D: “Los costos agroindustriales de la industria azucarera argentina. El caso Tucumán, 1880-1940”, ibíd., p. 39.
[36] Parte dispositiva del Laudo Alvear de 1928, ver: Unión de Cañeros Independientes, Laudo Alvear 1928,  Tucumán, 1956, pp. 68-77; Industria Azucarera, Nº 414,  abril, 1928, pp. 262-271 (análisis del Laudo); Micele Antonio, La industria azucarera en la República Argentina, Tesis doctoral, U.B,A.,, 1936, pp. 45-54 y passim.; Taborda Caro, María Susana: Derecho Agrario, Cap. XI, Régimen jurídico del azúcar, pp. 517-546; Santamaría D., Azúcar y Sociedad en el Noroeste Argentino, ibíd., p. 35; Industria Azucarera, Nº 417, julio, 1928, pp. 635-638. Para ampliar los análisis sobre el Laudo Alvear ver: Girbal-Blacha, Noemí: “Azúcar, cambio político y acción empresaria en la Argentina (1916-1930)”, Separata de Investigaciones y Ensayos, Nº 41, Academia Nacional de Historia, Bs. As., 1991, pp. 300-314; y Bravo, María Celia: Tesis de Doctorado en Historia (inédita): Sector cañero y política en Tucumán 1895-1930, UNT, Tucumán, diciembre 2000, principalmente pp. cap. IX, pp. 1-25. Trabajo  facilitado por la autora.
[37] Industria Azucarera, Nº 422, diciembre, 1928, p. 1002 y 1015.
[38] Ibíd., Nº 426, abril, 1929, pág. 324. Se instalaron dos fábricas durante 1929, una ubicada "... en el distrito de Media Agua (San Juan), propiedad de la S.A. Azucarera de Cuyo y la otra en Conesa (Río Negro), propiedad de la Compañía Industrial Agrícola San Lorenzo Limitada. ... ensayo en mayo de 1929 y produjeron ... 222.381 kilogramos de azúcar granulado (Fábrica S. Lorenzo: principal accionista el gobierno provincial) y 193.250  kilogramos de azúcar granulado y pilé." La primera, para el consumo local, y la de Conesa destinará la mayor parte para la elaboración de dulces de Río Negro. C.A.N., La Industria Azucarera, 4ª. Edición, Ferrari Hnos., Bs. As., 1930, pp. 67-68.
[39] ) Ibíd., N° 424, febrero, 1929, pp. 92-105. En la provincia de Buenos Aires, se desarrolló la "guerra a la sacarina", por cuanto los inspectores de la Oficina Química del ministerio de Obras Públicas, inutilizaron el 25 de enero de 1929, 10.000 botellas de bebidas "sin alcohol", consideradas "... inaptas  para el consumo por contener sacarina". Este hecho se produjo en las fábricas de bebidas gaseosas de los alrededores de Cap. Federal: Avellaneda, L. de Zamora, San Justo, Ciudadela, Ramos Mejía, etc. . La sacarina era una substancia prohibida por ley nacional y por reglamentaciones provinciales. Y la sustitución de azúcar por sacarina, les reportaba ganancias considerables a los fabricantes, pues se usaba menos cantidad de edulcorante con respecto al azúcar, esto constituía una "maniobra dolosa". Ibíd., pág. 154.
[40] Ibíd., N° 429, julio, 1929, pág. 492-494. Para evitar la "crisis de abundancia" se le pide al Presidente Yrigoyen, que gestione ante los productores de caña de Salta y Jujuy a que reduzcan el 30% de su producción, "... como hacemos los tucumanos." Ibíd., p. 494 y  p. 539.
[41] Ibíd., Nº 426, abril, 1929, p. 324.
[42] Rock, David: Historia del Radicalismo 1890-1930, Bs. As., Amorrortu Editores, 1977, p. 210.
[43] Aráoz, María Florencia:  José Ignacio Aráoz. Una vida tucumana 1875-1941, Tucumán, Fundación Miguel Lillo-Centro Cultural Alberto Rougés, p. 73.
[44] Girbal-Blacha, Noemí M.: "Azúcar, poder político y propuestas de concertación para el noroeste argentino en los años '20". Conferencias de gobernadores de 1926-1927”, Desarrollo Económico, n° 133, vol. 34, abril-junio, 1994, p. 120.
[45] Guy, Donna J., "Refinería Argentina 1888-1930: límites de la tecnología azucarera en una economía periférica", Desarrollo Económico, n° 111, vol. 28, octubre-diciembre, 1988, 373.

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